En medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad, legisladores de La Libertad Avanza y el PRO buscan acelerar en Diputados la aprobación de la ley que fija el umbral de punibilidad en 14 años para quienes cometan delitos graves, en lugar de los 16 actuales. 

En pos de ese objetivo, el oficialismo y sus aliados del macrismo intentarán, con el apoyo de la Unión Cívica Radical (UCR) y otros bloques dialoguistas, obtener dictamen favorable para la iniciativa en un plenario de comisiones de la Cámara baja convocado para este martes a las 16 

De acuerdo a fuentes parlamentarias citadas por la agencia Noticias Argentinas, la estrategia del Gobierno consiste en firmar ese día el despacho de mayoría, para poder tratarlo en el recinto antes de fines de mayo.

TE PODRÍA INTERESAR: El rechazo de la Iglesia a la baja de la edad de imputabilidad: "Encerrar a un chico no soluciona el problema de raíz"

Las comisiones que deberán debatir los proyectos que apuntan a reducir la edad de imputabilidad son la de Legislación Penal; Justicia; Familia, niñez y adolescencia y Presupuesto y Hacienda, presididas por Laura Rodríguez Machado, Manuel Quintar, Roxana Reyes y José Luis Espert, respectivamente.

En este marco, el oficialismo espera contar no sólo con el apoyo de diputados del PRO y la UCR, sino también con los de la Coalición Cívica e Innovación Federal, además de un sector de Encuentro Federal y del Frente Renovador, que responden a Sergio Massa.

La iniciativa del Gobierno, que ya se debatió en 2024 en siete reuniones y este año en otras dos -el 12 y 19 de marzo-, apuntaba en un principio a bajar la punibilidad a 13 años, pero el texto consensuado finalmente se inclinó por los 14.

Además, la propuesta establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que la condena máxima será de 20 años de prisión, incluso si la escala penal fuera más elevada. A su vez, apunta a que, para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluya programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario.

El proyecto impulsa también la creación de la figura del supervisor, que acompañe y guie al joven infractor en su proceso de rehabilitación. Asimismo, permite revisar la condena cuando se cumplan los dos tercios de ella, para que se pueda cumplir el tiempo restante de forma domiciliaria. En sintonía, postula otros lugares para el ejecutar la pena, tales como un instituto abierto o uno especializado en detención de menores.

Pese a que el texto consensuado estableció la edad de imputabilidad en 14 años, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó en la sesión informativa que brindó el pasado 15 de abril que el Congreso avance con la sanción del proyecto para fijar el umbral en 13. "Quien comete un delito de adulto debe pagar una pena de adulto", sostuvo.