En el marco de la visita al país del secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., el ministerio de Salud de la Nación oficializó una profunda reforma del modelo sanitario argentino. 

Las principales medidas incluyen cinco aspectos centrales orientados a reafirmar "el rumbo sanitario adoptado", que especificaron que consiste en "pasar de un modelo centrado en reparar la enfermedad a uno enfocado en cuidar la salud basado en evidencia científica".

En primer lugar, se "profundizará" una revisión estructural de los organismos nacionales de salud. Con ello, el Ejecutivo repasará cuáles son los entes nacionales superpuestos o ineficaces, con el objetivo de "poner en revisión lo que se naturalizó, simplificar lo que se burocratizó y transformar lo que se capturó".

En segunda instancia, Lugones ratificó el retiro de la OMS. "Argentina reafirma su decisión", indicó el comunicado ministerial, que precisó que "hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan, porque no están basadas en ciencia sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores". Además, puntualizó que la citada organización internacional "ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países".

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El tercer aspecto de los cambios notificados se concentra en "una alimentación más segura y transparente": para ello, "el Gobierno nacional inicia una agenda integral para revisar y restringir el uso de aditivos sintéticos potencialmente riesgosos en productos alimentarios, con el objetivo de proteger la salud de la población especialmente de los niños y reducir la exposición cotidiana". En este sentido también se "cuestiona el rol de ciertos ingredientes utilizados por la industria alimentaria y su posible vinculo con el aumento de enfermedades crónicas", por lo que con "este nuevo enfoque" se apunta a que "comer bien debe ser una elección informada". 

En cuarto lugar, se pondrá en debate el "uso de autorizaciones rápidas (fast-track)", con el fin de discutir cómo se emplean "para medicamentos de altísimo costo, especialmente aquellos destinados a niños y enfermedades poco frecuentes". "La innovación no puede justificar decisiones apresuradas ni sin evidencia sólida", especificó la cartera sanitaria nacional, que aseguró que "se abrirá una discusión técnica sobre los criterios de aprobación, priorizando la seguridad del paciente y la sostenibilidad del sistema, para que los nuevos tratamientos no se transformen en improvisación autorizada".

Finalmente, el quinto punto destacado se refiere a las vacunas. En este caso, el Ministerio "pondrá el foco en los procesos de fabricación, aprobación y supervisión" para "garantizar que las decisiones sanitarias estén basadas en evidencia pública, verificable y con controles efectivos". Para esto, se impulsará que las inmunizaciones "sean sometidas a estudios clínicos con grupo placebo como estándar mínimo, tal como se exige a otros productos médicos".

Respecto del último punto, la cartera sanitaria destacó que "un ejemplo claro de esta necesidad es la vacuna contra el COVID-19, aplicada sin grupo de control y bajo condiciones de aprobación excepcionales". Sobre ello, reforzaron la idea de que "revisar no es negar: es exigir más evidencia, no menos".

"Este enfoque busca elevar el rigor del proceso y reforzar la confianza pública a partir de datos comparables, accesibles y verificables", agregaron las autoridades, quienes puntualizaron que, "al mismo tiempo, se mantienen y fortalecen las campañas de vacunación seguras, como la del sarampión, con eficacia comprobada y consenso internacional".