Casi un año después de anunciar su creación, el Gobierno designó este jueves a los integrantes del Consejo de Mayo -el órgano que materializa el pacto propuesto por Javier Milei y firmado el 9 de julio de 2024 en Tucumán-, aunque aún no hay fecha de convocatoria.

El cuerpo, que quedó conformado por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 382/2025 publicado en el Boletín Oficial, está presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y cuenta con seis consejeros de distintos sectores.

En representación de los distritos firmantes del Pacto de Mayo, fue nombrado el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, mientras que por las Cámaras de Diputados y Senadores fueron elegidos, respectivamente, Cristian Ritondo, del PRO, y Carolina Losada, de la Unión Cívica Radical (UCR).

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También hay un consejero de las Organizaciones Sindicales de Tercer Grado -el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Alberto Martínez- y uno por las Entidades Gremiales Empresarias de Tercer Orden -el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini-. A ellos se suma el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien ya había sido nombrado.

De esta forma, en el Consejo de Mayo están representados las jurisdicciones que firmaron el tratado-17 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)- y el Poder Legislativo y Ejecutivo nacionales, como así también los sindicatos y las cámaras empresariales.

En sus considerandos, el texto destacó que, de acuerdo con el artículo 7° del Decreto N°617/24, los integrantes del cuerpo "desarrollarán sus tareas con carácter 'ad-honorem' por lo cual la presente medida no implica erogación alguna para el Estado nacional".

Asimismo, recordó que esa normativa creó el ente "como un órgano colegiado consultivo de debate y elaboración de proyectos de leyes y demás actos administrativos necesarios para la implementación de los lineamientos acordados en el 'Pacto de Mayo'", pero todavía no se estableció una fecha para que el organismo sesione por primera vez.

El mencionado convenio -que tuvo lugar tras la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal y contó con la adhesión de gobernadores y referentes institucionales del país- incluye, entre otros puntos, el equilibrio fiscal innegociable y la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno (PBI).