La Libertad Avanza logró este martes el dictamen de mayoría del proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 para quienes cometan delitos graves, tras una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia, niñez y juventudes y Presupuesto y hacienda. 

La iniciativa del oficialismo tuvo el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal, la Coalición Cívica y un sector de Encuentro Federal, mientras que fue rechazada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. 

"Delito de adulto, pena de adulto. Dimos un gran paso y tenemos dictamen de mayoría para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años", festejó el diputado del espacio violeta, José Luis Espert, tras aprobarse el dictamen. 

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Zaracho se posicionó en contra del proyecto (Video: Diputados).

El proyecto, que logró 77 firmas, propone la baja en la edad de imputabilidad a 16 para los individuos que sean hallados culpables de delitos graves, como homicidios, violaciones y robos con arma y prevé una sentencia máxima de 15 años de cárcel.

"Hoy un chico de 14 o 15 años, comete un delito y el Estado no puede hacer nada. Vuelven a una casa donde no hay nadie", señaló durante el debate la legisladora nacional por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli. "Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes que entraron en conflicto con la ley penal", indicó, por su parte, Roxana Reyes, de la UCR.

Por otro lado, la diputada Natalia Zaracho, de Unión por la Patria, criticó la iniciativa, dado que a su juicio, "poner a los chicos en situación de encierro no va a resolver el problema de raíz". En el mismo sentido lo hizo su compañero, Germán Martínez: "Recibimos una cantidad de aportes mayoritariamente con miradas críticas hacia el proyecto del Ejecutivo"

La iniciativa del Gobierno, que ya se debatió en 2024 en siete reuniones y este año en otras dos -el 12 y 19 de marzo-, apuntaba en un principio a bajar la punibilidad a 13 años, pero el texto consensuado finalmente se inclinó por los 14.

Además, la propuesta establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que la condena máxima será de 20 años de prisión, incluso si la escala penal fuera más elevada. A su vez, apunta a que, para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluya programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario.

El proyecto impulsa también la creación de la figura del supervisor, que acompañe y guie al joven infractor en su proceso de rehabilitación. Asimismo, permite revisar la condena cuando se cumplan los dos tercios de ella, para que se pueda cumplir el tiempo restante de forma domiciliaria. En sintonía, postula otros lugares para el ejecutar la pena, tales como un instituto abierto o uno especializado en detención de menores.