Tras la marcha en respaldo a Cristina Kirchner y luego de días en los que la agenda giró en torno a la expresidenta y la confirmación de su condena a prisión por la causa Vialidad, el Gobierno reactiva la motosierra e intensifica el diálogo con bloques y gobernadores aliados para hacer frente a la oposición más radicalizada y avanzar en el Congreso con el proyecto que ampara el uso de dólares del colchón.

Como parte de sus nuevos recortes, el Ejecutivo de Javier Milei busca acelerar entre una y dos decenas de decretos que profundizan la reducción de la estructura del Estado. Las normativas, impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger, incluyen la eliminación de 24 organismos, la fusión de 15 y la transformación de 16.

La Libertad Avanza intentará formalizar esos cambios -que alcanzan, entre otros, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)- con su publicación en el Boletín Oficial antes del 8 de julio, cuando vencen las facultades delegadas al Presidente a través de la Ley Bases.

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A la supresión y desregulación de entes estatales se suma el refuerzo de los contactos del Gobierno con bloques y gobernadores aliados con el objetivo de obtener el respaldo para la iniciativa "Principio de Inocencia Fiscal", que modifica las leyes Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal, algo clave para incentivar el uso de dólares no declarados.

Con miras a permitir su tratamiento en Diputados, para mitad de la próxima semana se convocaría un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Legislación Penal y el texto llegaría al recinto en los primeros días de julio.

El proyecto en cuestión propone blindar los datos fiscales de quienes ingresen al sistema billetes verdes informales y elevar de $100.000 a $1.500.000 el monto a partir del cual la evasión se considera un delito. Además, busca disminuir de cinco a tres años el plazo de prescripción de infracciones tributarias.

En este marco, el Gobierno apunta a conseguir el acompañamiento de los legisladores que responden a los 17 mandatarios provinciales que firmaron el "Plan de reparación histórica para el ahorro de los argentinos".

El Ejecutivo también negocia con los gobernadores sus pedidos para elevar la coparticipación del impuesto a los combustibles y aumentar los fondos destinados a sus distritos por medio de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).