Después de que la Oficina del Presidente confirmara que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será autorizado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que luego será remitido al Congreso para su aprobación, Javier Milei le exigió a los diputados y senadores de todos los espacios políticos un "compromiso urgente". Por ello, desde el oficialismo ya comenzaron las negociaciones con los bloques dialoguistas y los gobernadores aliados.

Cabe aclarar que, al tratarse de un DNU, no se aceptarán modificaciones: solo podrá ser rechazado o aceptado. En caso de darse la primera opción, el programa con el organismo de crédito no podrá volver a ser tratado en el Parlamento durante este período ordinario. Es por eso que desde el Gobierno ya están analizando de qué manera conseguir los votos suficientes.

En este sentido, volverán a jugar un rol fundamental los legisladores y mandatarios provinciales que suelen apoyar las iniciativas del Gobierno. 

En su momento, estos actores fueron claves para blindar los vetos presidenciales a los aumentos para jubilados y para el presupuesto universitario, como también para la aprobación de la Ley Bases. 

TE PODRÍA INTERESAR:  

Uno de los puntos que están en la mira es la "motosierra" que aplicó durante los primeros meses de su gestión en cuanto a los fondos que transfiere a las provincias. 

De acuerdo a los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en los últimos meses hubo más flexibilidad con respecto a la Coparticipación Federal. Por caso, en febrero los Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos aumentaron un 20,1% en términos reales respecto del mismo mes de 2024. Así, aflojar la cuerda parecería ser un ítem importante en la negociación. 

En tanto, desde el oficialismo aseguran que tomaron la decisión de enviar un DNU porque agilizará el proceso. Sin embargo, aún debe ser aprobado en ambas cámaras y la oposición, antes de debatir la ley, quiere asegurarse de la legalidad y constitucionalidad de la misma. 

Autoridades del FMI ya aclararon que el visto bueno del Congreso no es indispensable para seguir adelante con el nuevo programa, aunque valorarían un "apoyo político y social". En esa dirección, el Gobierno planteó que intentará que todo el arco político exprese su aprobación a esta medida. 

De todas formas, el nuevo DNU ya tiene detractores. Itai Hagman, diputado nacional de Unión por la Patria, apuntó: "En 2021, en el Congreso aprobamos un proyecto que obliga a que todo programa de endeudamiento con el FMI (así como cualquier ampliación de sus montos) debía ser aprobada por ley. No fue un capricho, fue fruto de un aprendizaje colectivo después de tantas veces que quienes nos endeudaron irresponsablemente se pusieron al país de sombrero. Se llevaron los dólares y nos dejaron la deuda".