Un ejercicio de la Armada Argentina finalizó con una militar de apenas 21 años en terapia intensiva y una causa judicial abierta que ya cuenta con nueve detenidos. La víctima, identificada como Brisa Páez, debió atravesar un coma inducido debido a convulsiones producto de un fuerte golpe en la cabeza.

El hecho se produjo el pasado 4 de abril en una base ubicada en la localidad bonaerense de Vicente López, cuando, de acuerdo al testimonio de testigos, uno de los instructores de un ejercicio antidisturbios aplicó una fuerza excesiva al pegarle con sus piernas al escudo que sostenía la joven, quien cayó de espaldas y se golpeó duramente, a pesar de llevar puesto un casco.

La actividad continuó, a pesar de que Páez, de solo cuatro meses en la fuerza, reportó dolor en su cabeza y tuvo dificultades para reincorporarse. Además, y como si fuera poco, tampoco fue atendida de inmediato.

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Tras persistir la dolencia, fue examinada por un médico de la dependencia, quien le recetó un calmante y le colocó un cuello inmovilizante. A su vez, ordenó que fuera derivada al hospital de Campo de Mayo, donde su cuadro empeoró.

Allí, la militar sostuvo que la parte izquierda de su cuerpo la tenía paralizada, por lo que le realizaron estudios de imágenes. Sin embargo, debió ser trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Militar Central, debido a sucesivas convulsiones. 

Para frenar los espasmos, los médicos la indujeron en un coma farmacológico por una semana. Actualmente, y luego de haber superado un problema renal y una neumonía, logró salir del coma, se liberó del respirador artificial y se encuentra en terapia intensiva, con buena evolución.

Los expertos en imágenes descubrieron que tuvo "pequeñas lesiones" en el cerebro, por lo que recomendaron un cambio en el tratamiento. "Le salvaron la vida a mi hija", declaró uno de los padres en diálogo con Clarín, luego de que la joven pueda hablar nuevamente.

La causa recayó en la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien el miércoles pasado ordenó una serie de allanamientos, donde se secuestraron celulares y otros elementos, y se detuvo a nueve implicados. En los próximos 10 días hábiles deberá definir cuál es la situación procesual de los acusados.

Por otro lado, la Armada inició su propia investigación, donde buscarán determinar la responsabilidad de cada uno de los militares que participaron del ejercicio. Se prevé que puede haber sanciones graves para aquellos de mayor antigüedad.