El juicio por la muerte de Diego Maradona fue suspendido por una semana este martes, ante dudas sobre la presunta filmación de un documental secreto dentro de la sala en la que se lleva adelante el proceso, en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

En medio de momentos de tensión que incluyen pedidos de recusación a la jueza Julieta Makintach, el magistrado que dirige el debate, Maximiliano Savarino, comunicó tras un cuarto intermedio que la discusión se retomará el próximo 27 de mayo.

A su vez, ordenó que los siete imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual asistan a la audiencia a desarrollarse ese día, en la que se espera que también se brinde una definición sobre la composición del jurado.

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El pedido de aplazamiento había sido realizado por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien reclamó una pausa de 10 días para que se esclarezca la investigación sobre los señalados por grabar el debate del pasado jueves. Además, contó con la adhesión de su par Cosme Iribarren y de las defensas de las partes.

Según trascendió, el titular del órgano acusatorio advirtió que "lo que sucedió en la última jornada implica gravedad institucional" y puntualizó que "en medios de prensa se observó y se constató la existencia de un grupo de personas" que, de acuerdo a la denuncia de los abogados querellantes Mario Baudry y Fernando Burlando, "podrían tener relación directa o indirecta con un eventual documental" sobre el fallecimiento del "Diez".

"Teniendo en cuenta que es necesario acreditar en aquel expediente la determinación de los extremos de un lado u otro, nos parece aconsejable y de suma prudencia corroborar para saber qué corresponde que suceda con el devenir del debate y la actuación de la magistrada denunciada por la contraparte", agregó en alusión a Makintach, a quien el letrado Julio Rivas -defensor del neurocirujano Leopoldo Luque- pidió apartar.

Para él, la magistrada no mostró imparcialidad y hasta adelantó su veredicto por la forma en la que interrogó a la psiquiatra Agustina Cosachov -otra imputada, al igual que el médico- en una audiencia anterior, a la que consideró inquisitoria.

Tras la declaración de más de 40 testigos a lo largo de los primeros dos meses de debate, la audiencia de este martes se centró en debatir una nueva solicitud para apartar a la magistrada, mientras que se esperaba que por la tarde brindara testimonio uno de los imputados más complicados, el psicólogo Carlos Díaz.

Su declaración es clave, ya que el especialista en adicciones -contratado por el entonces abogado de "Pelusa", Matías Morla- abordó los problemas con las drogas y el alcohol del célebre futbolista, a la vez que participó de la reunión en la Clínica Olivos en la que se le comunicó a la familia que Diego sería trasladado a la vivienda del barrio cerrado San Andrés.

También estaba previsto que declararan dos acompañantes terapéuticos del astro en la etapa previa a su fallecimiento -el 25 de noviembre de 2020- durante una internación domiciliaria que está en la mira de la Justicia: los hermanos Alejandro y Carlos Cottaro.

Además de Díaz, Luque y Cosachov, los otros cuatro imputados son el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; su jefe, Mariano Perroni; y la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.