En el marco del segundo día de los alegatos del juicio por el asesinato de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho en el Neonatal de Córdoba, el fiscal Sergio Ruiz Moreno pidió este miércoles prisión perpetua para Brenda Agüero, la enfermera y principal sospechosa. A su vez, exigió penas de entre uno y cuatro años a funcionarios acusados de encubrimiento y omisión de deberes. 

El letrado manifestó el pasado martes en su primera serie de argumentos que existían "pruebas documentales, testimoniales y pericias", de "todos los niveles" contra la empleada del hospital y que fue la única persona en funciones durante los días que se produjeron los fallecimientos. 

"No solo hay indicios, hay prueba concreta contra Brenda Agüero. La documentación que presentamos es profusa. Fui muy exhaustivo al tratar de explicar cómo se construyó este trabajo y cómo se dio la verificación de la utilización de un método. Ninguna de las partes pudo hacer una sólida contradicción de nuestro informe", agregó.

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Por los hechos, la enfermera de 29 años está acusada de "homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal por cinco hechos" y "homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal en grado de tentativa por ocho hechos".

Por otro lado, la fiscalía exigió tres años de prisión de ejecución condicional y tres de inhabilitación para tres exmiembros de la cartera de Salud de Córdoba por "encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público" y "omisión de deberes de funcionario público": Diego Cardozo (exministro), Pablo Carvajal (exsecretario) y Alejandro Gauto (exsecretario de Coordinación y gestión Administrativa).

Asimismo, pidió por penas de entre uno y cuatro años y tres de inhabilitación para funcionarios del hospital: Liliana Asís (exdirectora), Martha Gómez Flores (exjefa de neonatología), Adriana Luisa Moralez (excoordinadora del comité de seguridad del paciente), Claudia Ringelheim (exjefa de tocoginecología clínica y exsubdirectora), Alejandro Escudero Salama (exsubdirector de gestión administrativa), María Alejandra Luján (excoordinadora de la unidad de terapia intensiva) y Blanca Alicia Ariza (exjefa de enfermería).

En la mayoría de los casos, la imputación es "por omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal, por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público en concurso ideal y por falsedad ideológica".