Polémica por el papel de las Fuerzas Armadas (y los antecedentes de la pandemia)

Las nuevas restricciones le dieron protagonismo al Ejército.
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La desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, de 22 años, detenido cuando se dirigía a visitar a su novia en provincia de Buenos Aires, fue un caso bisagra que puso sobre la mesa el rol de las fuerzas de seguridad durante la pandemia del coronavirus. Desde entonces la sociedad mira con escozor los controles a la circulación comandados por efectivos policiales de diversas jurisdicciones. Por estas horas, la sensación cobró un nuevo impulso: el Gobierno, a partir de las medidas por la segunda ola, dispuso que las fuerzas federales, con la colaboración del Ejército, supervisen el toque de queda que rige entre las 20 y las 6 de la mañana del día siguiente. 

Durante el mensaje para anunciar las restricciones, el presidente Alberto Fernández explicó: “La circulación nocturna será restringida: no se puede circular por las calles”. Inmediatamente, agregó: “Esta decisión que acabo de tomar voy a hacerla cumplir con las fuerzas federales: la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) quedan afectadas al control de las medidas sanitarias”. 

Horas después, ante la incógnita que comenzó a circular sobre el papel del Ejército, Fernández dialogó con Radio 10 y aclaró: “Las fuerzas armadas no están para hacer seguridad interior, sino para actuar en catástrofes brindando apoyo a la gente”. En ese tono se mostró el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en AM 750: “No van a participar en ninguna tarea de control”, dijo, y explicó que los agentes estarán desarmados, prestando asistencia sanitaria a la comunidad. 

Los antecedentes

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) es una organización política que, entre otras cosas, compagina los casos de personas asesinadas o atacadas por el Estado. En 2020 hizo lo propio enfocando el análisis en un contexto tan particular como la cuarentena: desde el 20 de marzo hasta noviembre hubo 384 muertes: el 84,67% del total de la gestión de Alberto Fernández, que comenzó en diciembre de 2019. Según el informe, “la modalidad que más se incrementó fue la muerte bajo custodia”. Asimismo, se graficó la situación de las cárceles: “Desde que inició el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, hemos dado con la inconcebible realidad de que más de 250 personas murieron en lugares de detención, una quinta parte de ellas a causa del virus COVID-19”.

La titular de Correpi, María del Carmen Verdú, aseveró en diálogo con El Canciller que no cuestionan las medidas de prevención dispuestas por el Gobierno, pero consideran que “es grave dejar esa implementación en manos de las fuerzas de seguridad y, encima, de las fuerzas armadas”. En ese sentido, hizo hincapié en las tareas militares: “No se me ocurre en qué puede ayudar un militar en materia sanitaria. La tarea es otra: la presencia uniformada en la calle siempre es una cuestión de control social y disciplinamiento”.

Verdú confesó que no les alcanzaron los recursos para recopilar todas las denuncias recibidas, por lo que tuvieron que seleccionar las más relevantes. Finalmente, dejó una fuerte crítica al Gobierno: “Tanto la imposición de fuerzas de seguridad como la de armadas, la rechazamos y la repudiamos, porque la plata que se gasta en eso es la que necesitamos que vaya al bolsillo de gente que no tiene para comer. El Gobierno priorizó la respuesta represiva frente a la social, que es mínima e insuficiente”.

El Ejército, en 2020.

El caso Astudillo Castro, ocurrido en abril de 2020, puso el foco una vez más en la Policía Bonaerense, comandada por el ministro de Seguridad provincial Sergio Berni: la última foto con vida del joven fue en plena detención por incumplir las medidas de aislamiento. A su vez, las pruebas apuntan a personal de destacamentos de aquella región. 

Por otro lado, en la provincia de Formosa, gobernada por el oficialista Gildo Insfrán, hubo serias denuncias por violación a los Derechos Humanos en centros de aislamiento. Por ese motivo, se desataron protestas en las que irrumpieron fuerzas de seguridad. Así, a los reclamos por cercenar derechos se sumaron los aires de la represión. El Gobierno, lejos de condenar las decisiones del caudillo formoseño, se ha mostrado satisfecho con su gestión.

En Correpi, además de los mencionados sucesos, profundizan sobre otros que no alcanzaron los mismos niveles mediáticos. “Durante la represión a los reclamos y protesta (por condiciones sanitarias), cinco personas murieron en las cárceles de Santa Fe, y en las provincias de Corrientes, Florencio Varela y Jujuy, cuatro jóvenes fueron fusilados por miembros del servicio penitenciario con balas de plomo”. 

Los números de 2020 en materia represiva fueron alarmantes. Ahora preocupa el 2021, que parece construirse sobre la misma base: fuerzas de seguridad y militares en las calles.