Planes sociales: distintas visiones sobre cómo transformarlos en trabajo genuino

Génesis, crecimiento, actualidad y futuro: entre el Plan Te Sumo y el "Tinder del Trabajo".
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Desde las primeras incursiones de las Cajas PAN del gobierno de Raúl Alfonsín y pasando por el Plan Jefas y Jefes de Hogar de la gestión de Eduardo Duhalde, los planes sociales se han hecho un lugar cada vez mayor en Argentina. En 2002, poco más de 2 millones de personas recibían esta ayuda, casi 20 años después, esa cifra se ha multiplicado por 11 y el Estado ampara cerca de 22 millones de habitantes, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

En la actualidad, desde Nación se impulsan 141 planes y programas sociales repartidos entre los distintos ministerios: Desarrollo Social (85), Salud (26), Trabajo (13), Economía (4), Cancillería (4), Turismo y Deporte (3), Desarrollo Productivo (2), Agricultura (2), Seguridad (1) y Cultura (1). El Gobierno destinó en todo 2020 más de $80 mil millones para la financiación de estos fines, y según la cartera que dirige Juan Zabaleta, más del 50% de la población argentina recibió algún tipo de ayuda durante la pandemia.

Se estima que diariamente se invierten $800 millones en este tipo de asistencias. Siguiendo este cálculo, implicaría unos $288 mil millones anuales. Sin embargo, la pobreza hoy llega al 42% y tanto el Gobierno como los distintos espacios de la oposición promueven “transformar los planes sociales en empleo genuino”, como lo planteó el flamante ministro de Desarrollo Social a días de asumir.

Cómo resolverlo

El horizonte para la actual administración nacional es el impulso de iniciativas estatales que busquen reorientar el gasto social a programas que impliquen alguna contraprestación. El Plan Te Sumo –empleo para jóvenes de entre 18 y 24 años–, como también la decisión de que los trabajadores rurales no pierdan su ayuda social al emplearse en blanco, y la iniciativa de reducir entre un 90% y 95% las cargas patronales para las empresas que contraten a beneficiarios de planes sociales, son algunas de las últimas medidas que van en este sentido.

“Estos planes buscan generar más puestos de trabajo y que no quede solamente en una prestación social”, afirmó a El Canciller la analista económica e investigadora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Valentina Castro. En Desarrollo Social creen que el norte está en que la transferencia de ingresos se destine a mejorar la productividad de los diferentes emprendimientos que realizan los trabajadores informales, el impulso de un esquema tributario que le permita al Estado formalizar esa actividad y, con eso, fomentar el acceso al crédito.

Sin embargo, hay otras miradas. Jorge Colina, director de IDESA, habló con este medio y propuso abordarlo por tres lados: “Aumentar las inversiones privadas, modernizar la legislación laboral y lograr que los jóvenes pobres terminen la secundaria”. En cuanto al segundo punto, que marca una necesidad de llevar a cabo una reforma laboral, Castro refutó: “Eso tiene su contrapartida: la fragmentación del mercado de trabajo, la precarización y tercerización laboral”.

En las fuerzas de la oposición, las propuestas son variopintas: desde la idea de Florencio Randazzo de crear un “Tinder del trabajo” que una a quienes cobran un plan con las PyMEs que requieran mano de obra, hasta la eliminación de “todas las trabas que limitan la contratación y los despidos de los trabajadores en conjunto a una nueva reforma laboral” que plantea Martín Tetaz. El liberalismo de Javier Milei o José Luis Espert, sorpresivamente, propone dejar todos los planes que existen.