Permisos, violencia institucional y responsabilidades: tres puntos del caso de Santiago del Estero que conmueve al país

Diego Jiménez llevó en brazos a su hija durante cinco kilómetros para entrar a la provincia. El caso visibiliza el no respeto a los derechos humanos.
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Un padre levanta a su hija de 12 años del asiento del auto. La madre saca los bolsos del vehículo y todos caminan. Él la carga a la nena en brazos durante cinco kilómetros. El caso ocurrido en Santiago del Estero conmueve e indigna. Surgió porque la policía provincial le solicitó un permiso especial de circulación a la familia para ingresar de Tucumán a Santiago, tras el tratamiento oncológico de la menor. 

Un mes atrás, el Ministerio de Salud de la provincia, como parte del Comité de Emergencia y en conjunto con la policía local, compartió los requisitos y condiciones que deben cumplir “aquellas personas que requieran solicitar Salvoconducto (Autorización para circulación)“. Este pedido solo se puede realizar “por cuestiones de salud cuya especialidad y/o práctica no se realice en el sistema público o privado” de Santiago.

En los casos en que se autoriza el permiso son para pacientes:

  • con diagnósticos oncológicos: que necesiten realizarse radioterapia 3 D – braquiterapia o tomografías de alta complejidad (que no se hagan en la provincia).
  • para personas trasplantadas: que manifiesten rechazo de órgano o complicaciones metabólicas, se atenderá cada caso en particular.
  • cuando haya que hacer trasplantes.
  • con diagnóstico neurológico que requieran cirugías de alta complejidad y que no se realice en la provincia.

Los requisitos que se deben cumplir:

  • paciente sin obra social: necesita la derivación del sistema de salud público, un turno asignado en el Centro de Mayor Complejidad, copia del DNI del paciente, del acompañante, del chofer y los datos del vehículo.
  • paciente con obra social: autorización de la obra social, la derivación del sanatorio o clínica tratante, el turno asignado del Centro de Mayor Complejidad, copia del DNI del paciente, acompañante y chofer, datos del vehículo.

La situación que vivieron la pareja Diego y Matilde, junto a su hija Abigail Jiménez, para ingresar a Santiago del Estero alerta sobre el respeto de los derechos humanos (DDHH). También visibiliza las complejidades que enfrentan los residentes de determinadas provincias para entrar a ellas durante la pandemia.

Los Jiménez viajaron este lunes por la mañana al Hospital de niños de Tucumán para que su hija se haga su tratamiento oncológico. De regreso, los retuvieron dos horas en la frontera bajo el sol y entre las moscas. La nena tenía miedo de que se le infecte la pierna izquierda con los insectos porque tiene un tumor.

“Yo la traigo siempre y nunca me hace problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando”, dice Diego. “La va a empeorar, señor, por favor”, sostiene el agente. Diego agarró a su hija y caminó 5 kilómetros hasta que obtuvieron el salvoconducto y un familiar los fue a buscar en auto.

Violencia institucional

Gerardo Zamora gobierna Santiago del Estero desde 2017. Antes tuvo un paso de cuatro años por el Senado (en esa época su esposa Claudia Ledesma Abdala fue la gobernadora), y de 2005 a 2013 también fue gobernador. El abogado es radical, apoyó la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y es el principal referente del Frente Cívico por Santiago.

La Fundación Alem, perteneciente a la UCR, expuso las restricciones que existen en la provincia por la pandemia. “No se puede circular después de las 18hs en días hábiles, los fines de semana solo se puede circular hasta las 15hs, fuera de esos horarios no se puede salir ni siquiera para comprar alimentos”.

Gerardo Zamora y Claudia Ledesma Abdala de Zamora, presidenta provisional del Senado

El organismo informó que se cometieron más de 30 casos de violencia institucional durante la cuarentena. “La muerte de Mauro Coronel que fue detenido por la policía en la comisaría décima de Santiago del Estero y falleció unos días después a causa de los golpes; el operativo policial por el cual se tomaron datos de más de 200 vehículos de trabajadores de la salud que se habían organizado para protestar pero no pudieron hacerlo; casos de abandono de persona en los límites provinciales –al costado de la ruta-; ciberpatrullaje: al menos dos personas recibieron cédulas de notificación por haber hecho posteos críticos al gobierno en Facebook“, expresó Hady Luna, miembro del Observatorio de DDHH de la OTR de Santiago.

A su vez, Luna sostuvo a Fundación Alem que “estos casos y muchos más han sido tan ejemplificadores que hacen que los ciudadanos tengan miedo de expresarse”.