Pelean la Justicia, el Gobierno y el Servicio Penitenciario sobre las salidas de los presos

El Canciller - Comentarios

Después de que se conociera que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) había elaborado una lista con presos que cumplían ciertos requisitos para acceder a la prisión domiciliaria o monitoreada, surgieron muchos cuestionamientos tanto desde la política como desde el movimiento de derechos humanos sobre estos “beneficios” a represores y abusadores.

Recién hoy, el Servicio Penitenciario salió con un comunicado donde se encarga de recalcar que es el Poder Judicial el que se encarga de “liberar” a los detenidos bajo cualquier modalidad y que el organismo sólo confeccionó un diagnóstico sobre qué presos están en condiciones de acceder a una libertad condicional, asistida o domiciliaria.

¿Quién define las salidas?

Para ser precisos, es cierto que los que tienen la última palabra en la cuestión de definir quién sale y quién sigue en el penal son los jueces. Son ellos (o ellas) los que evalúan no sólo cuánto tiempo lleva detenido alguien sino también los informes que elabora el Servicio Penitenciario, los psicológicos y los de conducta.

Tanto en Comodoro Py como en los juzgados de Ejecución Penal (el fuero especializado en controlar el cumplimiento de todo tipo de condenas, ya sean efectivas o condicionales) hubo bastante molestia por la lista del Gobierno sobre qué presos podrían salir. En Retiro todavía tienen fresco el episodio Miguel Etchecolatz, que fue liberado en diciembre por el Tribunal Oral Federal Nº6  debido a un “gravísimo” estado de salud.

Dos de los jueces de Ejecución recordaron los comentarios que reciben en contra siempre que liberan (porque ya cumplió su pena o porque tiene los requisitos) a un homicida, abusador o ladrón. “¿Quieren que pague el costo político de esto para que después me pidan juicio en el Consejo de la Magistratura?”, se preguntó, irónico, uno de ellos.

¿Qué presos están en cárceles federales?

Dentro de las cárceles del SPF, están alojados todos los detenidos por orden de un juez o tribunal federal (los involucrados en narcotráfico, lesa humanidad) como los condenados (o procesados) por homicidios, violaciones y robos cometidos dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Es más, según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, la mayor cantidad de los detenidos son por infracciones a la ley de drogas y robos (o intentos de).

Según ese mismo informe, hacia fines de 2016 (último dato disponible), hay 10968 personas dentro de los penales y sólo el 41% ya está condenado. Para ponerlo en ejemplos: Lázaro Báez (procesado) está en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, al igual que está Carlos Zannini y Mario Segovia, el “rey de la efedrina.

Dentro del sistema federal se encuentra (en porcentaje) la mayor cantidad de presos extranjeros: un 19%, la mayoría detenidos por delitos relacionados con las drogas. Sin embargo, a nivel país, sólo representan el 6%.

¿Represores afuera?

Otro de los puntos que generó polémica fue que se incluyera en esa lista a los condenados por delitos de lesa humanidad pero también es cierto que más de la mitad de los genocidas está afuera de los penales. Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra La Humanidad, de los 1038 represores detenidos, 549 cumplen arresto domiciliario.

Ese número se mantiene relativamente estable desde hace años, por lo que no es una novedad que se otorguen domiciliarias a represores. Si bien el Hospital Penitenciario de Ezeiza tiene lo necesario para atender urgencias y enfermedades prolongadas, muchas veces los tribunales optan por enviar a su casa a aquellos que consideran que tienen un estado de salud demasiado deteriorado.

De todas formas, dentro del Sistema Penitenciario Federal, había a fines de 2016 sólo 320 personas con salidas transitorias y 159 con régimen de semilibertad, que no representan ni siquiera el 5% del total de detenidos.