Vamos a rosquear, mi amor

El Canciller - Comentarios

Desde que el Consejo de la Magistratura se creó, la pica entre ese organismo y la Corte Suprema es más que notoria. El Consejo es el lugar que supuestamente administra los recursos del Poder Judicial, el que se encarga de organizar los concursos que te llevan a ser juez y el que investiga a magistrados/as que cometieron irregularidades. Sin embargo, la Corte es la cabeza del Poder Judicial y desde ahí bajan los mensajes políticos e institucionales.

El Consejo está compuesto actualmente por 13 integrantes: tres jueces, tres diputados, tres senadores, dos representantes de los abogados, un académico y un representante del Poder Ejecutivo. Es un lugar clave que todos los oficialismos quieren tener de su lado. Con siete votos se consiguen aprobar las cuestiones simples y la mayoría especial de nueve está reservada, por ejemplo, para la aprobación de las ternas de (futuros) jueces y para el envío a juicio político.

La semana pasada, la Corte le mandó un mensaje bastante venenoso con el tema de los traslados: básicamente, le dijo al Consejo que todo lo que había permitido estaba mal y que la forma en que habían sido llevados adelante los traslados era inconstitucional. También fueron más allá y le recordaron que dentro del Poder Judicial hay un 30% de juzgados vacantes, un número que parece imposible de bajar. ¿Por qué es grave esto? Significa que hay un juez (o jueza) que cumple funciones en dos lugares, que se desdobla y en que en uno de esos lugares no tiene la misma estabilidad que en el otro.

A esas dos afirmaciones, los representantes oficialistas en el Consejo le contestaron con tres palabras: concursos, concursos, concursos. El maravilloso proceso para elegir quién se convierte en juez/a tiene varias etapas: un examen secreto, una entrevista personal, un test psicológico, una evaluación de los antecedentes. Cada tramo tiene un puntaje y en base a eso se confecciona un lista: los tres que sacaron el puntaje total más alto se convierten en los integrantes de la terna de candidatos. Esa terna tiene que ser votada por la mayoría especial del Consejo, es decir, necesita si o si de un consenso entre oficialismo y oposición. 

En general, ese es el punto en el que se empantanan los concursos, que duran en promedio tres años y medio pero hay casos que superan los diez. Cuando esa terna tiene el okey, pasa al Poder Ejecutivo, que tiene que elegir a uno de esos integrantes. El último paso en el Senado: primero, una entrevista en la comisión de Acuerdos y luego la votación en el recinto. Para ser magistrado basta que te vote la mayoría (en este caso, simple). Por todos estos condicionantes es que sorprendió que desde el Consejo dijeran que iban a tener el concurso para los lugares de la Cámara Federal en seis meses.

Y si, por supuesto que todas estas discusiones no se hubieran dado si el caso Leopoldo Bruglia-Pablo Bertuzzi-Germán Castelli no hubiera existido. Los dos primeros volvieron esta semana a la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py, luego de los días que se tomaron para “reflexionar” después de que la Corte les negara la posibilidad de quedarse para siempre allí sin concursar. Ambos deslizaron que están dispuestos a presentarse al examen para esos puestos pero bajo una pequeña condición. Los dos jueces creen que es imposible que el concurso avance con rapidez: apuntan a que todo se va a demorar y a que cuando el momento crucial llegue, el Consejo (¿o el Gobierno?) ya sea otro. Con estas autoridades, las posibilidades de que los elijan en una terna son casi inexistentes

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En el medio, otro juez trasladado presiona para volver a su puesto original: se trata de Eduardo Farah, ex integrante de la Cámara Federal. Farah se fue de allí vía traslado en 2018, luego de un apriete del macrismo tras un fallo donde excarceló a Cristóbal López y a Fabián De Sousa. Ahora reclamó retornar y, sorpresa, el Consejo deberá definir qué hacer. La vuelta de Farah podría ser una mala noticia para Martín Irurzun, actual presidente de la Cámara, ya que no tienen el mejor de los vínculos.

Está claro que para solucionar el dilema de los traslados, el oficialismo necesita de una habilidad que, por ahora, no demostró. Precisa tejer estrategias con un sector para acelerar los concursos que considera claves y solucionar las vacantes en lugares importantes. Necesita rosquear y que esa rosca sea efectiva, rápida y que no deje expuestas las grietas que la propia coalición enfrenta en los temas judiciales, entre otros.