Una política que esconde el ajuste y juega de espaldas al fuego de la crisis

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Dicen que Cristina Fernández de Kirchner regresó a la residencia de Olivos, el lunes pasado, para reunirse con Alberto Fernández. Después del levantamiento de la policía bonaerense, los socios principales de la alianza oficialista volvieron a comprobar que la gobernabilidad en Argentina no es un bien ganancial sino que debe ser refrendada en el día a día de la crisis múltiple. Los miembros fundadores del Frente de Todos están obligados a perseverar unidos ante el frente más agresivo de la oposición, pero necesitan ensayar variantes para salir de la postura defensiva y dejar atrás el empate permanente. Es una paridad que no da respiro mientras los efectos de la pandemia persisten, el rebote es de lo más acotado y la recesión sigue erosionando las condiciones de vida de las mayorías y poniendo a prueba la paciencia social.

El porcentaje de coparticipación que el Presidente le quitó a Horacio Rodríguez Larreta para auxiliar a Axel Kicillof sirvió para frenar las protestas y dejar en segundo plano la fragilidad del gobernador bonaerense, pero fue apenas un primer paso y depende de que Kicillof se reconcilie con la política para evitar nuevos desbordes no previstos. Ese 1% que los colaboradores más cercanos de Fernández consideran un “excedente” obligó al jefe de gobierno porteño a actuar una indignación que habilita su perfil nacional y lo lanza a una construcción que hasta ahora venía disimulando. A Larreta le duele el recorte del Presidente en lo económico pero le rinde en lo político como un regalo que le cayó del cielo; así lo ven los colaboradores de uno y otro. Aunque la palabra de Fernández haya quedado devaluada en Parque Patricios, resulta difícil que Larreta se deje asimilar por la línea dura de Mauricio Macri y sus socios de fracaso. Atento a su núcleo duro más rabioso, el egresado del cardenal Newman aterrizó con críticas propias de 2015, se olvidó de su traumático gobierno y se confirmó sin horizonte. En cambio, el alcalde es especialista en campaña, piensa que la crisis económica se va a profundizar, coptó a una liga de fundamentalistas del expresidente y comenzó a armar para llegar a lo más alto. Larreta habilitó al peronista Diego Santilli para que comience a hacer pie de otro lado de la General Paz y difunda entre vecinos de distintos municipios del conurbano spots de seguridad más discretos que los que viralizaba Sergio Berni, antes de quedar pintado en betún por La Bonaerense. Falta una eternidad, pero Larreta es frío, calculador y dicen a su lado que se equivoca poco. Los que lo frecuentan desde el PRO intuyen una jugada difícil de concretar: que María Eugenia Vidal vaya a pelear las legislativas en el territorio madre de todas las batallas y lo acompañe en 2023 en la fórmula presidencial para abrirle paso a Santilli en su lugar.

Pero mientras la carrera electoral parece anticiparse, la incertidumbre no se despeja y el objetivo del consenso queda cada vez más lejos. El Presidente todavía espera por un comunicado de la Asociación Empresaria Argentina en repudio a la sublevación policial que golpeó las puertas de Olivos, el Círculo Rojo muestra la lista de las empresas que se quieren ir del país y en la UIA se quejan de que Fernández nunca recibió a la cúpula de la entidad patronal.

No sólo no hay acuerdo en hacia dónde vamos: ni siquiera hay un diagnóstico compartido para decir dónde estamos. Así como en los despachos principales del gobierno se habla de un modelo productivo, se anuncia una alianza con las pymes y el Presupuesto prevé un rebote que derive en fuerte crecimiento y mayor recaudación, en la UIA prevén un aumento de la desocupación y en Copal recuerdan que a la destrucción de al menos 270 mil empleos que causó la pandemia se suman las suspensiones con recorte de sueldo que afectan a 800 mil trabajadores en todo el país.

Al enfrentamiento de los Fernández con AEA, se le agrega ahora la queja de los dueños por el impuesto a la riqueza en medio de la crisis. El aporte extraordinario parece haber despertado el espíritu patriotico dormido del establishment: sus más activos representantes sostienen que afecta a los accionistas argentinos de las grandes compañías pero no toca a los de las multinacionales y va acentuar el proceso de extranjerización. Circula entre magnates ligados al gobierno la Encuesta Nacional a Grandes Empresas que hizo el INDEC en 2018 y muestra que el 62,6% de la actividad económica argentina no está en manos nacionales: en minería el capital extranjero es el 89,1%; en textiles y cueros es el 80%; en combustibles, químicos y plásticos es el 74,7%; en servicios de información y telecomunicaciones llega al 73,9%; y en maquinarias, equipos y vehículos 73,8%. Dicen que el banquero Jorge Brito fue uno de los que se quejó ante su colega Carlos Heller por el diseño del proyecto que empezó a tratarse en Diputados. Pagan los dueños del Macro pero no los del Santander, aporta el sojero Roberto Urquía de Aceitera General Deheza pero no Cargill y está incluido el supermercadismo argentino, pero no los accionistas de Carrefour. Eso para el caso de los que no armaron hace tiempo empresas fantasmas o estructuras en el exterior para evadir impuestos y no se mudaron a Uruguay como Marcos Galperín. Por eso, economistas como Martín Hourest reclaman extender el aporte a personas jurídicas como se hace en el país que ahora gobierna Luis Lacalle Pou. Otro dato a tener en cuenta: de acuerdo al último informe de Eco Go, la suma de la formación de activos externos desde 2010 acumula US$140.000 millones, lo que representa hoy una tercera parte del PIB.

En todo se notan las diferencias de una economía que Macri dejó en ruinas y la pandemia devastó. Son pocos los ganadores en un mar de perdedores. El relevamiento de precios minoristas de la consultora que dirige Marina Dal Poggeto, registró en agosto un aumento del 2,6%, con subas en los precios libres del 4% y los dolarizados arriba del 10%. En ese cuadro, se destaca un sector que siempre gana, el de los laboratorios, nacionales y extranjeros. De acuerdo a los números que muestran las empresas de medicina prepaga, la inflación de los medicamentos entre enero y agosto llegó al 15,2%.

Para Eco Go, el escenario actual está marcado por la contradicción, con escasez de dólares -pese al superávit comercial extraordinario- y un alto excedente de pesos que sin embargo no se traslada directamente a la inflación. De acuerdo al último escenario de principios de septiembre, Fernández dispone de cuatro condiciones para estabilizar la macroeconomía en el corto plazo: la liquidez global, el exitoso canje de deuda, el acuerdo con el FMI y la consolidación fiscal de un gobierno que reduce la emisión y consigue financiamiento en pesos en el mercado doméstico. Pero se equivoca en su discurso con una “política que esconde el ajuste” y ofrece señales erradas de política económica. Según Dal Poggeto, en julio y agosto, el gobierno ejecutó una “política de ajuste fiscal con una retórica anti-ajuste”: “El IFE se vino pagando cada dos meses con un costo fiscal que viene siendo la mitad del anunciado y hasta el propio ministro de Desarrollo Social, que fue el primero en sostener la necesidad de un IFE permanente, declaró que no hay margen fiscal para avanzar en esa dirección. Lo mismo con los ATP, cuya cuarta versión deja afuera la mitad de los sectores. Por último, el gasto -excluyendo las partidas compensatorias por el COVID- aumenta por debajo de la inflación con jubilaciones que en julio acumulan una diferencia de más de 8% con respecto a la fórmula anterior”, dice. A eso hay que sumarle el fuerte recorte del poder adquisitivo en salarios que ya venían de soportar varios años de caída durante la aventura de Macri en el poder. Pese a la recesión y la pandemia, en los últimos dos meses los números fiscales mostraron una mejora con recursos que empezaron a normalizarse y un déficit menor. En julio, el gasto subió 59% con recursos que aumentaron 16% -25% los tributarios- en un contraste fuerte con los datos de mayo, donde el gasto escaló 100% y los recursos fueron 0%.

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En base a premisas optimistas, el Presupuesto que acaba de presentar Martín Guzmán en Diputados busca reconciliar el recorte del déficit fiscal con las políticas expansivas y el calendario electoral. Si, como dice el ministro, el rol activo del Estado será en 2021 todo lo expansivo que permitan las restricciones, el ajuste que este año pretende esconderse será solo en parte compensado.