Un pacto para vivir

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Esta semana debutan a pleno las nuevas medidas anunciadas el pasado jueves. Tras mucha demora, el gobierno se decidió finalmente abordar la urgencia de la falta de dólares tratando de potenciar la demanda de pesos e incentivando la oferta de divisas, en vez de limitarse a reforzar el cepo. La nueva estrategia es más integral, pero continúa atendiendo solamente la emergencia inmediata. Para cambiar la dinámica de fondo se requiere la construcción de un horizonte sostenible de estabilidad y recuperación, que sea viable tanto a nivel económico como político. La convocatoria de ayer con distintos actores productivos, orientada a retomar la idea de un “Pacto Económico y Social”, se encuentra dirigida en ese sentido.

A primera vista, la baja temporal de tres puntos porcentuales a la exportación de granos de soja, y un par de puntos mayor para sus derivados, parece insuficiente para cambiar el comportamiento del sector, reticente a liquidar su producción en un contexto de incertidumbre y expectativas de devaluación.

Pero la cuenta debe hacerse completa: además de ese diferencial, el atractivo precio de la tonelada de soja, hoy en máximos anuales, la opción de un bono atado al dólar para proteger el valor de lo liquidado, y el abandono de las microdevaluaciones diarias para adoptar una política cambiaria menos definida, son todos elementos que deberían considerarse para valorar la propuesta del gobierno.

Por lo demás, resulta claro que el objetivo inmediato de este esquema es que se acrediten los dólares derivados del stock del que disponen las exportadoras, que compraron a los productores en un precio que incorporaba el tarifario previo, por lo que se apropiarán enteramente de la ganancia que presenta esta rebaja. Se presupone que existe un acuerdo con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) para que liquiden alrededor de 3 mil millones de dólares en el próximo trimestre.

El ingreso de estas divisas es solo una parte de la nueva estrategia. Con la demanda contenida con el súper cepo y la oferta de nuevos instrumentos en pesos y a una tasa más alta, sumado a una más rápida depreciación del tipo de cambio, que permita darle volatilidad a su cotización, se espera que la presión aminore. Al mismo tiempo, el Banco Central venderá en pesos parte de los bonos en su poder, en orden de bajar las cotizaciones alternativas. La clave es achicar la brecha lo más rápido que se pueda con la menor devaluación posible. Un juego de precisión que requerirá mayor fineza que la mostrada por la autoridad monetaria hasta ahora.

En definitiva, el gobierno apeló al conjunto de herramientas que tenía a disposición (con excepción del swap con China, que queda como bala de plata) para salir del atolladero. Un poco de todo para evitar mucho de lo peor, es decir, una fuerte devaluación no controlada. Parece el camino más lógico para ganar tiempo y, si sale bien, debería brindar condiciones para pasar un fin de año tranquilo. Pero estas concesiones no desactivan la inviabilidad del ritmo actual. Aún logrando acercar las puntas entre el dólar oficial y los alternativos, si aquello es producto de la utilización de stocks y no de un cambio de dinámica, no servirá para modificar las expectativas.

En este sentido, el problema sigue siendo eminentemente político, y se funda en la necesidad de construir un programa consistente que permita atravesar sin shocks el proceso de ordenamiento de las variables económicas. Para ser capaz de delinear ese sendero, el gobierno necesita algo más que tiempo; debe tener la habilidad para lograr articular las demandas contenidas de los distintos sectores y diseñar un esquema de concesiones mutuas. Es esa la base imprescindible para el mentado plan económico que tanto se le exige.

La convocatoria de ayer en Casa Rosada con representantes del trabajo y el capital es un primer paso para retomar el objetivo de un “Pacto Económico y Social”, que fue suspendido a causa de la pandemia y que ahora deberá incluir la distribución de sus costos. Con agenda abierta, en la reunión participaron representantes de la Central General de los Trabajadores (CGT), la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unión Industrial Argentina (UIA) y las Cámaras de Comercio y de la Construcción. Entre las pocas definiciones que trascendieron, el gobierno anunció allí que no habrá nuevo IFE y que el esfuerzo estará concentrado en la articulación de los programas sociales con alternativas de empleo.

Las entidades agrícolas están citadas para la próxima semana, cuando en paralelo se reunirá el Consejo Nacional de Salario para actualizar el salario mínimo vital y móvil, que permanece insólitamente congelado desde hace ya un año. La demanda principal de las organizaciones sindicales es llevar paulatinamente el nuevo piso salarial de 16.875 pesos a valores consistentes con la canasta básica, que para septiembre el INDEC calculó en 45.478 pesos para una familia tipo.

Del lado empresarial, los pedidos una reforma laboral parece haber dejado paso a una agenda más variopinta que incluye el sostenimiento de estímulos sectoriales en el marco de una recuperación económica que se avizora relativa, frágil y precaria.

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El relanzamiento de la búsqueda de un acuerdo de precios y salarios no sólo estuvo destinado a ir dando contención y ordenamiento a estas demandas. Es también indisociable de la misión del Fondo Monetario Internacional, que arribará esta semana para iniciar las negociaciones. Volver a tomar el control de la agenda económica es una necesidad del gobierno, que para llegar a un acuerdo con su principal acreedor debe forjar un escenario en dónde haya credibilidad sobre los eventuales compromisos que asuma. En ese contexto, la pregunta que se impone es si existe margen para la construcción de algo similar a un consenso en un país acostumbrado a resolver su puja distributiva a través de oscilaciones abruptas.