Un límite no está claro a quién

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La semana última terminó con el dólar bursátil descendiendo, por primera vez desde el mes de marzo, a un valor menor que el del “dólar ahorro”. El cierre en 142 pesos del dólar MEP, apenas por debajo de la cotización para hacerse del cupo de 200, con impuestos y adelantos, constituye una suerte de hito en la tendencia a la baja que viene produciéndose desde que el gobierno decidió utilizar todas las herramientas a su alcance para descomprimir los dólares alternativos. Seguramente, también, esté preanunciando su piso.

En paralelo, el oficialismo finalmente terminó de aprobar el aporte extraordinario a las grandes fortunas y consiguió el respaldo del Congreso a los nuevos términos del Convenio con la Ciudad de Buenos Aires para el traspaso de la seguridad, que implicó un fuerte recorte de fondos para el distrito conducido por Horacio Rodríguez Larreta.

En definitiva, el gobierno satisfizo una demanda de su base, ganó una batalla en un frente que eligió, y todo aquello preservando la calma en las variables financieras. A simple vista, si no se trató de una de las mejores semanas del Ejecutivo en el año, y no es que haya habido tantas, queda bastante cerca del podio.

En ese marco, los cambios que el bloque oficialista en el Senado realizó al mecanismo para la actualización de los gastos previsionales pasaron medianamente desapercibidos, pero habilitan más de una lectura de implicancias relevantes. Más allá del posterior asentimiento de Alberto Fernández, quedó desprolija la decisión de la Cámara Alta de retomar la fórmula original del kirchnerismo en detrimento de la propuesta por el Ejecutivo, que ya había recibido media sanción de Diputados.

Los cambios fueron varios y abordaron los principales puntos que habían suscitado controversia. En primer lugar, se estableció que el incremento de 5% de diciembre será remunerativo y no a cuenta del futuro aumento cuando comience a implementarse la fórmula. Según estimaciones, esa sola modificación implica un 0.3% extra de déficit fiscal para el 2021. En segundo lugar, las actualizaciones continuaran siendo trimestrales y no cada seis meses, como estaba previsto. Aquello, según los cálculos presentados en su momento por el Ejecutivo, aumenta los riesgos de rezagos y, sobre todo, reduce la previsibilidad en las cuentas públicas. En tercer lugar, se elimina el tope de incrementos fijado en caso de un mayor aumento de la recaudación. Finalmente, en cuarto lugar, se recupera el anterior esquema de tomar para la fórmula el más alto de dos indicadores salariales, el RIPTE, que muestra cómo evolucionan los sueldos a partir de los datos del ANSES, y el Índice de salarios del INDEC, que surge a partir de encuestas mensuales. Son dos indicadores que a mediano plazo tienden a converger, pero al tomar siempre el más elevado se irán acumulando los desvíos, lo que implica resignar consistencia en la fórmula en pos de acelerar la recuperación de ingresos de los pensionados.

Ninguna de las modificaciones es contradictoria con el fondo del proyecto original, que busca desindexar el gasto previsional y asociarlo a variables vinculadas con el crecimiento del país, de modo de no contribuir al proceso inflacionario y a la vez permitir una recuperación paulatina de los ingresos previsionales en función del desempeño de la economía. Sin embargo, es difícil entender por qué cambios de una relevancia semejante no se consensuaron antes del envío de la propuesta al Congreso. Por lo demás, es imposible no asociar esta intervención con la carta enviada semanas atrás por los senadores del Frente de Todos al Fondo Monetario Internacional, en la que demandaron al organismo que “se abstenga de condicionar la política económica” del gobierno ¿Se trata de una sinfonía acordada, en la que el Ejecutivo recoge evidencias para sentarse con el FMI teniendo argumentos claros sobre los límites de los compromisos posibles? ¿O es el propio frente oficialista mostrando inconsistencias y tensiones con respecto al camino elegido para transitar esta crisis?

En todo caso, si el gesto de los senadores tiene el mismo sentido del referendo griego, es decir, constituye una demostración política para condicionar las negociaciones, nada indica que vaya a tener mucha más efectividad que aquél. El Fondo se ha mostrado poco proclive a considerar las condicionalidades de política interna de los países a la hora de formalizar sus exigencias.

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Por el contrario, en el caso de que las modificaciones obedezcan a iniciativa propia del bloque oficialista, y que el receptor del mensaje político no sea el FMI sino el propio gobierno, aquello alerta de antemano sobre las complejidades que pueden llegar a presentarse de cara al acuerdo que busca firmar Argentina con el organismo.

A medida que las conversaciones con el Fondo abandonen el trazo grueso de las buenas intenciones y la voluntad de cooperación para centrarse en los términos concretos de un programa, es probable que se estrechen los márgenes de flexibilidad. La búsqueda de resquicios que hagan más liviano el duro tránsito de los años por venir es indispensable, y forma parte del mandato del gobierno, pero su aprovechamiento estará estrechamente ligado a la capacidad del Frente de Todos para actuar coordinada y consistentemente en torno a una estrategia común.