Un equilibrio no solo fiscal

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En el día de hoy, luego de largos tres meses de su ingreso al Congreso, que generaron la ansiedad de una parte no menor de simpatizantes del Frente de Todos, Diputados tratará en sesión especial el proyecto de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas. Ya sea por sentido de la oportunidad o presión contextual, el bloque oficialista decidió finalmente llevar al recinto este proyecto en un momento en dónde la agenda de gobierno se torna más áspera, y empieza a testear la consistencia de su base de sustentación.

En efecto, el arribo de la misión del Fondo Monetario Internacional abrió una nueva etapa económica que implica tal vez un menor nivel de urgencia que la crisis cambiaria, que por ahora parece haberse estabilizado, pero que obliga a confrontar con limitaciones y condicionalidades de largo plazo. No hay ningún triunfo inmediato a la vuelta de la esquina que se viene. Por el contrario, el sendero hacia una estabilización gradual y sostenible involucrará también medidas restrictivas como las adoptadas en la última semana.

La primera de ellas fue el anuncio de la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, que básicamente replica en sus trazos gruesos la aplicada por el kirchnerismo. Desde la decisión de diciembre de suspender la fórmula de movilidad del gobierno anterior y reemplazar los aumentos por decreto, se sabía que su modificación sería en el marco de las negociaciones con el Fondo. El gasto previsional representa más de la mitad del gasto público nacional. Invariablemente, cualquier acuerdo con el FMI iba a tener que incluir este punto.

Es bastante probable que el nuevo mecanismo implique un menor aumento para los jubilados en el futuro inmediato. Aun así, no está claro que a mediano plazo sea más sostenible. En efecto, si bien el cálculo a implementar desindexa las jubilaciones a la inflación, corrigiendo situaciones de distorsión como el aumento de erogaciones en contextos de recesión, la fórmula de reemplazo limita pero no garantiza que, con la recuperación de la economía, el gasto previsional no insuma mayor proporción en unos años.

El segundo baño de realidad fue la oficialización de que no habrá una cuarta ronda de IFE para fin de año. Una nueva tanda hubiera significado una erogación cercana a los 90 mil millones de pesos, incompatible con la reformulada estrategia de financiamiento orientada más al mercado local que a la emisión. En todo caso, quedará para consideración del Ejecutivo evaluar si parte del malestar que generó la noticia no deviene de la liviandad con la que, tan solo meses atrás y cuando existían las mismas restricciones, desde las propias autoridades se habló de la posibilidad de hacer de este ingreso de emergencia una herramienta permanente.

Finalmente, el tercero de los anuncios fue el descongelamiento de tarifas, que transitó con menos polémica en tanto se presuponía que el actual esquema no iba a poder sostenerse más allá de este año. En todo caso, lo que preocupa de esto es el eventual efecto que tendrá sobre la aceleración de los precios, que con el reinicio de las actividades y el aumento de la circulación del dinero, sumado a la suba autorizada de los combustibles, comienza a recuperar terreno. Los 3.8 puntos de inflación registrados en octubre, más que un llamado de atención, probablemente inauguren una dinámica de precios más inestable de cara a los próximos meses.

Ante este panorama de noticias incómodas, el gobierno explora una agenda alternativa y evidencia algunos primeros signos de tensiones internas. No pareció casual la concreción del envío del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, una deuda pendiente que el gobierno demoraba en saldar en pos de preservar la armonía del oficialismo en el Congreso. Al mismo tiempo, es imposible no leer la carta enviada por todo el bloque de senadores del Frente de Todos al FMI, a la que se sumará probablemente el bloque de diputados, como un gesto de autonomía respecto a las negociaciones encaradas por el gobierno.

En ese marco, el Aporte Extraordinario que se tratará hoy no sólo es una medida del más estricto sentido común en un contexto inédito y excepcional. Constituye también una oportunidad para que el espacio Frente de Todos ratifique de cara a su electorado su orientación aún en el marco de condicionamientos estrictos. Más que constituir un adorno o guiño progresista con el cual embellecer un conjunto de decisiones antipáticas, la decisión de avanzar con esta contribución a pesar de las fuertes presiones de los alcanzados permite preservar una impronta. En tiempos en donde los márgenes de acción limitan las opciones de todas las fuerzas políticas, estas diferenciaciones son incluso sanas para la salud del sistema de representación.

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Independientemente de su significación política, no resulta demasiado complejo entender la necesidad y racionalidad práctica del aporte. La demanda de una contribución excepcional de aquellos que más tienen parece lógica en un país que ha recibido el golpe exógeno más fuerte de su historia, bajo condiciones de absoluta vulnerabilidad, con una economía ya en recesión y sin acceso al financiamiento. Lejos de buscar ejemplos en el mundo, es la particularidad de la doble crisis argentina, la misma que hizo inevitable apelar al financiamiento vía emisión, la que justifica y hace necesaria esta contribución especial.

Conviene repasar algunos datos que expuso el tratamiento preliminar de este proyecto. En principio, incluye a aquellos con bienes declarados por más de 200 millones de pesos y establece alícuotas progresivas que van del 2% al 3,5%, siendo estas tasas mayores para los bienes radicados en el exterior. Este selecto grupo de gente alcanzada por la contribución se proyecta que no superará las diez mil personas. Y son solo 250 individuos los que explicarán más de la mitad de los 307 mil millones de pesos que se especula recaudar. Si la distribución equitativa de los sacrificios es un criterio básico de justicia en una comunidad, es difícil argumentar que este segmento no debería realizar un aporte adicional en estos momentos de crisis.