Perú, el país de los presidentes débiles y el sistema político caníbal

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Perú se anotó una medalla más para liderar en ranking de países con presidentes débiles. De los últimos 6, tres fueron condenados por la justicia (Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala), Alan García se suicidó en su casa antes de ser detenido, Pedro Pablo Kuzcynski renunció para evitar la destitución y luego fue arrestado y el último, Martín Vizcarra, acaba de dejar el cargo tras no poder pasar la moción de vacancia impulsada por el Congreso. El presidente del Parlamento, Manuel Merino, será el tercer presidente en cinco años en un país con una crisis política profunda y un sistema político se destruye a sí mismo.

Con la certeza de que los presidentes son figuras debilitadas ante un Congreso con exceso de atribuciones para aplicar figuras constitucionales amplias como “incapacidad moral”, la diferencia de Martín Vizcarra con el resto es que los jefes de Estado anteriores se despidieron con muy poca simpatía popular. Fue un presidente sin apoyo institucional pero con un nivel de respaldo social más alto que el de sus antecesores. Una encuesta realizada por la consultora Datum antes de su salida y luego de la primera moción de vacancia sorteada con éxito hace un mes, el depuesto presidente contaba con el 60 por ciento de aprobación de los peruanosEste apoyo está relacionado con una pelea que intentó dar Vizcarra con un Congreso que cuenta con un prestigio muy bajo entre los ciudadanos. 

Debemos remontarnos a septiembre del año pasado cuando Vizcarra decidió aplicar el artículo 134 de la Carta Magna que tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria ante los impedimentos de la mayoría absoluta fujimoristas para aprobar leyes claves. En ese momento, el 65 por ciento desaprobaba la destitución de Vizcarra, un 48 por ciento respaldó al jefe de estado, el 70 por ciento quería elecciones anticipadas y, por último, el Congreso solo tenía 7 por ciento lo apoya y el 78 por ciento considera que obstruye todos los avances.

Las elecciones legislativas del 26 de enero no cambiaron demasiado. El objetivo de debilitar al fujimorismo nucleado en el partido Fuerza Popular se logró pero sumó a otros actores que atomizaron más el Congreso y continuaron con la costumbre de fagocitarse al mandatario en el poder.

Los objetivos de Vizcarra se fueron achicando con el tiempo. Comenzó con una posible candidatura presidencial, adelantamiento de comicios incluido, siguió con la confrontación al Congreso para reinar en la división y terminó con el anhelo de culminar su mandato y entregar el mando en julio del año que viene luego de las elecciones generales programadas para abril. Nada de eso pasó y por mas apoyo reflejado por las encuestas y manifestaciones callejeras, su suerte fue la misma que la de sus pares.

El perfil autodestructivo del sistema político y el rol del poder fáctico encarnado por el lobby minero y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas influyeron en la arena política para dar inicio a una nueva crisis institucional. La debilidad del sistema político es una de las causas de este momento crítico que vive Perú, ya que la ausencia de partidos fuertes hace que los liderazgos sean efímeros y poco constructivos en donde nadie maneja los tiempos de las disputas  ni asume las consecuencias de sus actos y hace que , entre otras torpezas, se saquen de encima a un presidente sin reelección a 5 meses de terminar su mandato. 

Vale preguntarse porqué esto es así. Vayamos un poco atrás en el tiempo cuando Alberto Fujimori cerró el Congreso en 1992. Esto produjo un rápido proceso de desgaste e implosión del sistema de partidos tradicionales y aquellas fuerzas de base con una propuesta ideológica clara, desaparecieron. Cuando cae el régimen fujimorista nace un protosistema de partidos personalistas que logra construir un elenco estable de protagonistas por más o menos 15 años hasta que llegó el Lava Jato y arrasó con todo.

Estos últimos años, Perú vivió sobre los escombros de esa clase política que se instaló a inicios de siglo hasta que el sistema precario colapsó con 10 grupos parlamentarios en el cual, el más numeroso tiene 25 escaños sobre 130. Otro dato interesante en este sentido es que de la decena de partidos con representación parlamentaria, 8 fueron fundados después de la década del 90 e incluso 6 de esos 8 son formaciones posteriores a los años 2000. Solo Acción Popular (1955) y el Frente Popular Agrario (1989) fueron creados con anterioridad. Esto es síntoma de la implosión partidaria y la falta de representación. 

Otra herencia de la era Fujimori fue la existencia de un Estado que no interviene en asuntos estratégicos para la vida pública como la economía. La Constitución de 1993 impulsada por Fujimori le asignó al Estado sólo una función de vigilante de las reglas de juego establecidas para el accionar del mercado, pudiendo actuar sólo restrictivamente en  algunas áreas específicas. Así, en el artículo 58° se establece:  “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.

Asimismo, el artículo 60 sostiene: “El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”.

La anterior Constitución de 1979 consagraba el ejercicio de la actividad empresarial por parte del Estado; ahora el Estado vigila y facilita la libre competencia, legaliza la libre tenencia de moneda extranjera y el libre cambio y defiende los intereses de los consumidores y usuarios.

Esto ata de manos a los gobiernos y dota de poder a los grupos concentrados de la economía que, si bien Perú es un modelo de estabilidad financiera  que pudo reducir la pobreza, al mismo tiempo existe enormes dificultades para abordar la desigualdad, crear trabajo registrado (hay un 71 por ciento de informalidad laboral) o garantizar servicios básicos como la salud. La pandemia es un ejemplo de la baja calidad de servicios de atención e infraestructura sanitaria en un país que lidera la tasa de mortalidad de la región. Como explicó el doctor Eduardo Gotuzzo, profesor emérito de la Universidad Cayetano Heredia de Lima y exdirector del Instituto de Medicina Tropical de esa institución en un reportaje con BBC Mundo, “uno de los factores de la crisis es la baja inversión en salud, con una escasez de camas hospitalarias y de cuidados intensivos, con personal mal pagado y un solo laboratorio capaz de procesar pruebas moleculares”. De alguna manera, el modelo peruano es igual al chileno pero sin partidos políticos fuertes ni acuerdos institucionales de ningún tipo. 

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En este marco, con una crisis que separa a la sociedad de los partidos políticos, una economía golpeada por la pandemia y fuerzas políticas atentando contra su propia supervivencia, Perú deberá celebrar elecciones generales en abril del año próximo. ¿Qué puede pasar? Si tomamos como referencia las elecciones parlamentarias de enero, las fuerzas que se llevaron la mayoría de las preferencias fueron de centroderecha como Acción Popular (partido del ahora presidente Merino), Alianza para el Progreso, el fujomirismo Fuerza Popular o el conservador evangélico y mesiánico, Frente Popular Agrícola que sorprendió siendo la tercera fuerza más votada.

Por el contrario, si lo que entra en debate es el rol de los partidos del Congreso en la crisis, podrían salir fortalecidos los líderes que se han pronunciado y movilizado contra la vacancia como el centrista del Partido Morado, Julio Guzmán y la referente de centroizquierda Veronika Mendoza de Nuevo Perú. Pero los acuerdos entre cuatro paredes no pueden esconder el malestar social y el hartazgo y, en este caso por más extraño que parezca, la ciudadanía marchó contra el Congreso en un país con un sistema presidencialista. 

Las urnas pueden ser catalizadores de una crisis que expone una ingeniería institucional vetusta, un sistema político torpe y caníbal y una necesidad de reforzar la figura presidencial para que el país pueda salir de este laberinto político e institucional. La moneda está en el aire y la gente salió a la calle para expresar su descontento. Lo que viene es una historia en pleno desarrollo.