Los Fernández salen del encierro

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Pese a sus orígenes diversos, el broker Gustavo Arribas, la dirigente del peronismo Silvia Majdalani y su cuñado Darío Biorci parecen haber forjado una relación de confianza en su paso por la Agencia Federal de Inteligencia. La cúpula del espionaje que encumbró Mauricio Macri no sólo dejó indicios de haber innovado en la gestión con la contratación de narcotraficantes y la reconversión del Servicio Penitenciario, sino que además se mantiene unida fuera del Estado. Como prueba apelan a una defensa común en tribunales y se reafirman en el rubro de la inteligencia con una nueva agencia de seguridad para la que están reclutando mano de obra desocupada. Así por lo menos dicen tenerlo comprobado altos dirigentes de Juntos por el Cambio que aparecen en la lista del juez Federico Villena. Arribas y la familia Majdalani no actuaron solos sino que contaron con el expertise de especialistas que trabajaron a las órdenes de la ministra Patricia Bullrich y el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios Juan Bautista Mahiques. Los profesionales que animaron los seguimientos y extorsiones durante los años del reformismo permanente pasaron por la Policía de la Ciudad y saltaron al gobierno nacional en 2015 o reportaron a la Unidad 50 de los penitenciarios.

La presencia de Cristina Fernández de Kirchner en Lomas de Zamora no sólo le dio un alto voltaje a un juzgado que se mueve al margen de la lógica de Comodoro Py. Además, saldó una discusión interna dentro del oficialismo sobre la forma de abordar la pesada herencia que dejó Macri en materia de espionaje. La información que se difunde es tanta que puede confundir y es necesario jerarquizarla. Con su viaje al sur del Conurbano, la vicepresidenta lo hizo: las causas que se inician en los tribunales de Retiro tienen destino de anegamiento y es mejor concentrarse en el rol de víctima que, por primera vez en muchos años, acaban de reconocerle en sede judicial. Todos juegan. Si Antonio Stiuso logró reciclarse en el sector privado, en el ancho peronismo aseguran que el ex radical Fernando Pocino sigue activo y sus recomendaciones vuelven a resultar de utilidad para sectores que pisan fuerte en el Frente de Todos. Hasta canales de televisión suelen emitir sus mensajes.

Así como CFK siente que recupera el aire puro y logra salir de la posición defensiva en la batalla judicial, Alberto Fernández acaba de adueñarse de la iniciativa, por primera vez, en el terreno de las efectividades conducentes. Haya sido su convicción o no, el anuncio de intervenir y expropiar a la cerealera Vicentin coloca al Presidente en un plano distinto al de convalidar la realidad injusta que suele denunciar y abre, al mismo tiempo, un proceso todavía impreciso. La disputa con los dueños de la empresa que tiene una deuda de U$S 1500 millones será jurídica y con la oposición, será política. Una vez más vuelven a chocar los sentidos de dos países. El gobierno tiene a favor el fracaso reciente de Macri y en contra, la historia de desconocimiento propio y desconfianza ajena que lo separa de la patria ruralista.

La agroexportadora de origen nacional entró en una crisis vertiginosa para la que no sobran explicaciones convincentes. En 2013 se asoció a la transnacional Glencore para inaugurar en Timbues la planta agroindustrial integrada más grande del mundo, Renova. A fines de diciembre, 48 horas antes de declarar el default, Vicentin Paraguay vendió el 16% de sus acciones en Renova a Glencore, en una operación que ahora el gobierno no descarta impugnar. En el medio, no está claro qué pasó, pero a partir de 2018 algo se hizo evidente: Vicentin Family Group pareció mutar hacia una compañía off shore con subsidiarias en Uruguay, Paraguay y Panamá.

El Estado acreedor no puede terminar haciéndose cargo de las pérdidas de los privados.

Según el informe técnico del gobierno, la facturación de la empresa creció incluso en los últimos años de U$S 3.535 millones en 2017 a U$S 4.256 millones en 2019, con el 71,9 % del negocio concentrado en el aceite y los subproductos de la soja. Por eso, para Claudio Lozano, la expropiación le garantizaría al Estado, antes que nada, una fuente directa de divisas. En segundo lugar, le permitiría blanquear la situación del comercio de granos y los procesos de triangulación que eluden tributación y dejan los dólares afuera, un fenómeno común entre cerealeras que operan como fondos de inversión y acostumbran situar su casa matriz en paraísos fiscales. Así el Estado dejaría de estar ciego en un mercado esencial y lograría saber qué pasa con el ingresos de divisas para después poner límite a los que burlan el pago de impuestos. Además, podría mejorar el precio como comprador de pequeños productores a los que Vicentin vendió con abuso de posición dominante: sería la forma, tal vez, de que muchos dejen de lado el rencor con el kirchnerismo y le entreguen el cereal a una compañía estatal, lo que para ellos es como entregar a la madre, en palabras de un ex funcionario que los conoce bien. Por último, está la posibilidad de reorientar la empresa hacia la producción de alimentos para intervenir en el mercado interno y promover la soberanía alimentaria de la que habló el Presidente. Para que todo eso sea posible, el Estado acreedor no puede terminar haciéndose cargo de las pérdidas de los privados.

Todavía no está claro cuál será el rumbo que Gabriel Delgado, un técnico de lo más elogiado en el mundo del agronegocio, quiere darle a la intervención. Tampoco qué piensan hacer el CEO Sergio Affronti y el director de YPF Agro, Nicolás Winschel, un ejecutivo que tuvo un paso de casi 9 años por Monsanto. Entre los que reclamaron la intervención estatal, piden investigar el fraude y las denuncias de barcos que bajaban vacíos desde Paraguay y se cargaban en San Lorenzo sin declarar ni pagar retenciones. Si se confirmara ese delito, afirman en el oficialismo, podría involucrarse a los dueños de Vicentin para que respondan en forma patrimonial con parte de las deudas, que son muchas. Entre los que quieren cobrar figuran los bancos internacionales con reclamos por unos 500 millones de dólares.

Los datos del ministerio de Agricultura -que quedó al margen de la movida- muestran al mercado de granos y aceites concentrado al máximo: durante la campaña 2018/2019, las principales cuatro empresas exportadoras explicaron el 48% de las ventas externas totales de Argentina y las 10 principales representaron el 91% del total de negocio. La mitad de las cerealeras hoy pertenece a capitales extranjeros y la mitad son las nacionales -AGD, Vicentin, ACA y Molinos Agro-, que representaron el 36% del total de exportación agroindustrial en el período. Por eso para Lozano, el director del Banco Nación que inició la investigación por el crédito de $18.000 millones que otorgó Javier González Fraga, el cuadro en el que surge la intervención es elocuente: con un grupo empresario que estafó a los productores, al Estado y a sus empleados entrando en default y con grupos empresarios locales asociados a capitales extranjeros, que amenazaban con mayor extranjerización y concentración del comercio exterior y de la oferta de dólares.

El anuncio de Fernández llega en un momento preciso. Según el informe de junio de Quantum, la estimación de reservas brutas del Banco Central ronda los U$S 42.000 millones pero las reservas netas son mucho más bajas. Si se les descuenta el swap chino, los encajes, el oro y los derechos especiales de giro del FMI quedan apenas U$S 3472 millones. En ese contexto, dice la consultora de Daniel Marx, entre enero y abril pasados, el campo liquidó exportaciones por U$S 1.100 millones de dólares menos que en 2019, con un cosecha significativamente mejor. Como su vice en el terreno judicial, también el Presidente estaba obligado a salir ahora del encierro.