Los Fernández, las telcos y el riesgo de actuar al margen de la crisis

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El viernes 21 de agosto a la tarde, enterado del decreto 690/2020 que Alberto Fernández había ordenado redactar, Pablo Casey se comunicó con Juan Manuel Olmos. El sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom le escribió al jefe de asesores del Presidente un mensaje que hace honor a la historia de enfrentamientos entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín.

Nos declararon la guerra, le dijo.

El contacto desconocía el fuego previo que, a ojos de gran parte del Frente de Todos, lleva varios meses desatado pero, en el cuarto piso de la calle Tacuarí, insisten en presentar bajo la marca decadente del periodismo independiente. Casey pretendía apaciguar los ánimos en el gobierno y frenar el decreto que congela las tarifas hasta fin de año y declara como “servicio público esencial” la telefonía móvil, Internet y la TV paga. Era tarde. Esta vez, el abogado que representa como nadie los intereses de su tío Héctor no obtuvo el resultado esperado y el operativo demandó de los servicios de otros soldados. Según cuentan en la residencia de Olivos, el fantasmal Jorge Rendo también hizo su mejor esfuerzo para llegar a su viejo amigo, Alberto Fernández.

Nos tenemos que ver, escribió.

Pero el ex jefe de Gabinete que tan bien se llevó con el histórico directivo del Grupo Clarín durante las últimas dos décadas no respondió el mensaje ni dio marcha atrás con una decisión tomada entre el apuro y el fastidio, ante el hecho consumado de un nuevo aumento de tarifas en plena crisis, que las telcos habían anunciado para fines de agosto y mediados de septiembre. El pedido que hace un año el entonces vencedor de las PASO le hizo a Magnetto en la trastienda del Malba –“yo ya aflojé, ahora aflojen ustedes”– no tuvo la correspondencia esperada.

Suele omitirse, pero el gigante de las telecomunicaciones que más se verá afectado por la medida de Fernández cuenta como parte de su paquete accionario a Telecom, Cablevisión y Fibertel desde que una resolución del macrista Miguel de Godoy (5644-E-2017) autorizó una megafusión descomunal que contradice todos los principios de la libre competencia. Ya antes Néstor Kirchner había hecho su propia ofrenda en el altar del monopolio, a fines de 2007, con un decreto que fue bien recibido por las grandes empresas de comunicación. Nada de todo eso pasó por el Congreso.

Aunque ahora son dueños del 40% de la telefónica que desató el conflicto inicial con el kirchnerismo en 2008, desde el holding de Magnetto remarcan que no son los únicos perjudicados y que el DNU atenta contra el negocio de todas las empresas del sector, como lo muestra la solicitada que firmaron desde los españoles de Telefónica y los chinos de Huawei hasta el mexicano Carlos Slim. La medida que sorprendió a las compañías provocó la instantánea unidad ante el espanto y dejó en un segundo plano las disputas entre gigantes y las demandas como la que el propio Slim presentó en Defensa de la Competencia contra el Grupo Clarín por las condiciones abusivas de venta de las señales de cable para Claro TV. El Frente de Todos no quiso o no pudo favorecerse de esas diferencias.

Según afirman en el oficialismo, la decisión que sorprendió en el gobierno, las industria y la oposición contó con el impulso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero fue producto de un enojo del Presidente, que hace meses viene reclamando sin éxito frenar los aumentos desde el Enacom. Cerca del profesor de Derecho Penal vuelven a culpar a Macri, que no sólo autorizó la fusión Telecom-Cablevisión sino que además -mediante otro decreto, el 267- sepultó el AFSCA kirchnerista y dejó al Estado incapacitado para intervenir.

En un mercado hiperconcentrado y cartelizado, con servicios que figuran entre los más denunciados por los usuarios, las empresas del sector habían decidido actuar al margen de la realidad de la crisis y avanzar con subas unilaterales. Después de haber integrado la selecta lista de grandes ganadores en el océano de perdedores que dejó el macrismo -con incrementos que escalaron un 10% arriba de la inflación récord del 55,8% en 2019-, habían ejecutado un aumento en marzo y pretendían imponer otro ahora, de entre el 13 y el 19%. Ni siquiera la pandemia los llevó a evaluar la posibilidad de una tarifa social y, de tan omnipotentes, entraron en zona de riesgo.

Todo tiene su reverso. Las experiencias internacionales -Canadá, Finlandia, Costa Rica, Holanda, Francia, Corea del Sur- que anotan los defensores del decreto son rebatidas una a una desde las firmas afectadas en su margen de rentabilidad. La lista de inversiones que ahora vuelve a difundir el sector -U$S2000 millones en 2019 y U$S 20000 millones en los últimos 10 años- no desmiente que la inflación tan criticada desde algunos medios era motorizada por el rubro de las telecomunicaciones. Con acciones repartidas entre Magnetto y el doble agente mexicano David Martínez, Telecom dice haber invertido U$S 3.500 en los últimos tres años y tener proyectado un desembolso por otros U$S 1.500 más en los próximos meses.

Sin embargo, un trabajo de próxima aparición del investigador Martín Schorr afirma que el cambio de manos de los activos de Telecom en 2018 se realizó a través de estructuras offshore en diferentes guaridas fiscales.

“Es por ello que la fuga de capitales aumentó exponencialmente en ese año y comprometió más recursos que los canalizados a la inversión productiva. Según se deduce de los balances de la compañía, la fuga se concentró fundamentalmente en el rubro correspondiente a los dividendos girados, los cuales fueron recibidos por las mencionadas estructuras en paraísos fiscales”, dice el trabajo, que analiza el período 2012-2018 y muestra tres curvas en las que la inversión productiva (U$S 1158 millones) es equivalente a la inversión financiera (U$S1300 millones) y a la fuga de capitales (U$S 1122 millones).

El contraste que surge de puntos de partida antagónicos anticipa que hay elementos para ir a una nueva confrontación, aunque no está claro hasta dónde puede escalar el conflicto. Desde un Estado asfixiado y con un frente oficialista heterogéneo, los Fernández ya comprobaron que enfrentarán la resistencia de gigantes del mercado que cuentan con una desproporcionada capacidad de fuego. Vuelve a definir la balanza de la correlación de fuerzas y corren las comparaciones con la marcha atrás de Vicentin. Pero así como hay similitudes hay diferencias.

Otra vez el Presidente actuó por sorpresa y sin consultar a casi nadie. Igual que con el caso de la cerealera en default, funcionarios nacionales que conocen como pocos la regulación para el sector se enteraron a último momento del decreto del viernes. De la misma forma, pudieron verse las diferencias dentro de la alianza oficialista. Telecom, Telefónica y el resto de las firmas que fueron a la reunión del Enacom, el miércoles último, afirman que en ningún momento Claudio Ambrosini o Gustavo Lopez insinuaron siquiera la posibilidad de una declaración de “servicio público”.

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Todo parecía armonía y lo máximo que esperaban en las cercanías de Magnetto era algún tipo de intimación. El Fondo de Servicio Universal que ahora esgrimen la industria para rechazar el DNU presidencial había facilitado incluso algunos acuerdos. Formado por el 1% de la facturación de las compañías, una parte se destina desde hace casi dos meses al plan de conectividad de barrios populares que se lanzó a partir de que el COVID-19 penetró en Villa Azul. El titular del Enacom presentó un nuevo reglamento y autorizó a las empresas a descontar hasta un 30% de lo que destinan al Fondo para proyectos que “propicien el acceso al Servicio Universal”. Si se trató de otro gesto pro mercado que esperó ser correspondido por el gobierno o parte del combo diferencias/improvisación dentro del oficialismo, es materia de opinión. Ahora habrá que ver qué capacidad exhibe el Frente de Todos para sostener la medida. Sin margen para retroceder otra vez, algunos apuestan a que vendrá una reglamentación light que permita los aumentos pero los dosifique en tiempo y porcentaje, lo mismo que las voces empresarias ahora parecen aceptar por lo bajo, en medio del impacto sobre las acciones y la advertencia de frenar inversiones. De ser así, también habrá que darle un trato diferencial a los cableoperadores del interior que tienen, desde siempre, otra relación de costo-beneficio.

Sin embargo, esta vez a favor del decreto de Fernández juega, por partida doble, la realidad general. El contraste indisimulable entre los padecimientos de la población en medio de una crisis interminable y la mala imagen de un conglomerado de empresas que se acostumbró -mal- a rendir cuentas solo entre sus accionistas. ¿Alcanzará?