Los cuatro frentes abiertos de Schiaretti: pico de contagios, incendios forestales, violencia institucional y ¿tensiones? con Alberto por la reforma judicial

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Semanas atrás el presidente Alberto Fernández ponía de ejemplo a Córdoba como una de las provincias más exitosas a la hora de combatir el avance de la pandemia. Se hablaba de un modelo cordobés a la hora de controlar los brotes y reducir el impacto de los contagios a partir de los cordones sanitarios. Córdoba, como siempre, era una isla.

Lejos está ahora de aquella tensión controlada el gobernador Juan Schiaretti. Agosto terminó siendo un mes fatal. Al igual que en todo el país, en Córdoba la curva de contagios continúa en ascenso. En los últimos días, en esa provincia hubo cifras récord de infectados y la apertura de actividades genera una tensión compleja para el Gobierno provincial que generalmente termina optando por que siga girando la rueda económica, tal como también explican los principales funcionarios del Ministerio de Salud local. La necesidad de mantener bajo control la cuarentena, que cada vez demuestra menos eficacia por el aumento de la movilidad.

 

A la situación sanitaria le sucedieron una serie de episodios que impactaron en el Gobierno. El asesinato de Blas Correas a manos de la Policía luego de eludir un control por la cuarentena, el accionar de las autoridades en la caso Solange Musse que tuvo un final trágico; los catastróficos incendios que asolaron a la provincia en la última semana; la necesidad de desmarcarse de la reforma judicial que impulsa la Casa Rosada en tiempos en que la relación con la Nación es inmejorable, y el deterioro del capital electoral del peronismo en Río Cuarto –según marcan las encuestas- de cara a la próxima elección municipal.

Se trata de un combo de crisis con varios frentes abiertos para Schiaretti. Aunque todavía es muy temprano para ver como decantarán en las urnas del año próximo. En sus 21 años de gobierno, el peronismo cordobés siempre pudo acomodar el cuerpo para salir los cimbronazos.
El asesinato de Blas Correas la noche del 6 agosto a mano de la policía fue un golpe fuerte. El Gobierno rápidamente buscó calmar la situación, a sabiendas de lo complicadas que pueden ser las cuestiones policiales -vale como antecedente el autoacuartelamiento policial del 2013- y removió a tres oficiales de la fuerza y puso a cargo de la seguridad en Córdoba a una mujer.
El caso de Blas fue un emergente de un problema estructural que arrastra la gestión de Hacemos por Córdoba con las fuerzas de seguridad de hace varios años e incluye robo de armas en la Central de Policía.

Pero el lavado de cara institucional no bastó para calmar la sensación de abandono que generó el hecho, sobre todo en la clase media. Una semana después, hubo una gran movilización por las calles del de Córdoba pidiendo Justicia. La imagen del silencio fue contundente. El Gobierno no puso un policía para custodiarla. Días después la madre Blas dijo que esperaba un “gesto de humanidad” del gobernador que nunca llegó.

La odisea que padeció el padre de Solange Musse, la joven enferma de cáncer que no pudo despedirse de sus seres queridos porque el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que se encarga de los permisos y gestiona el control epidemiológico en la provincia no le permitió su ingreso causó una gran indignación. Solange y Blas pusieron en el centro de la escena nacional a Córdoba con hechos lamentables.

En la última semana los impresionantes incendios también afectaron la imagen del Gobierno. Las más de 40 mil hectáreas quemadas abrieron el debate sobre políticas ambientales aplicadas durante los últimos años. Apurados, los encuestadores del oficialismo salieron a medir vía mensaje de texto de quién era la responsabilidad ante la catástrofe. También aprovecharon para testear la imagen del vicegobernador Manuel Calvo y de la legisladora Natalia de la Sota.
Los incendios fueron a su vez una muestra de la buena -y casi inédita- relación que la Nación tiene Córdoba. Rápido de reflejos el presidente Alberto Fernández ofreció su ayuda y Schiaretti reconoció el gesto. Siete años atrás cuando ocurrieron los últimos grandes incendios, la visita de Cristina al valle de Calamuchita estuvo lejos de llevar tranquilidad y el peronismo provincial aprovechó esa diferencia para descargar parte de la responsabilidad. Esta vez no fue posible.

La relación Córdoba-Nación está en su mejor momento desde que asumió Fernández. Antes de la pandemia por primera vez en mucho tiempo el PJ cordobés – a pesar de algunas fisuras internas- participó en pleno del congreso del peronismo nacional. Urgido de fondos, con el 95 por ciento de su deuda en dólares y con más de doce meses de caída en la recaudación, Schiaretti mantiene un buen trato con la Casa Rosada que hizo sospechar a sus votantes que salieron al 17A manifestarse en contra de la reforma judicial.

Días antes el gobernador había participado de una videoconferencia con Fernández, donde se anunciaron obras millonarias de saneamiento para Córdoba Capital. Después de la marcha contra la reforma judicial los cuatro diputados del peronismo cordobés tuvieron que salir a aclarar que no se presentarían a debatir el proyecto que ya tiene media sanción en Senadores.

En el frente interno, las noticias que llegan de Río Cuarto tampoco son las óptimas. La cuarentena cambió el escenario electoral en esa ciudad, que en estos momentos cursa un brote de coronavirus. Las encuestas muestran que el intendente peronista Juan Manuel Llamosas no tendrá una tarea sencilla frente al candidato de la oposición Gabriel Abrile. Justos por el Cambio apunta a achicar la diferencia y junta fuerzas para lograr arrebatarle un bastión muy importante al peronismo.

Schiaretti mantiene una estrategia comunicacional rígida desde que comenzó la cuarentena. Sus intervenciones públicas se limitaron a los buenos anuncios. Los malos los dejó para sus funcionarios y nunca respondió de manera directa a las consultas de la prensa. Su silencio selectivo ya comienza a pasar factura.

La ventaja de Schiaretti es una sola. Pero es enorme. En el terreno político no hay opositor que logre condensar un mensaje único. Tampoco por ahora hay algún peronista que se anime a cuestionar abiertamente (posiblemente por la cuarentena las tensiones con el sector que conduce Carlos Caserio se hayan diluido). La pregunta es cuánto durará el poder de un gobernador que aplica el verticalismo dentro del peronismo, pero que no puede renovar su mandato en 2023.