Toda corporación tiene una figura que destaca por encima del resto, un personaje que representa el funcionamiento del sector que lo compone. ¿Rodolfo Canicoba Corral es un exponente de los federales de Comodoro Py? Fue, es y será hasta el 29 de julio un juez político y polémico, dos adjetivos que bien le caben a casi todos los que integran el edificio judicial de Retiro.

Canicoba llegó a su cargo en 1993, durante el menemismo y, a diferencia de otros jueces, lo sobrevivió. Tuvo en un momento la causa por las coimas en el Senado; participó en varios expedientes por delitos de lesa humanidad; tejió algunas (¿muchas?) alianzas con el kirchnerismo y llegó entero al macrismo. Protegido siempre en el Consejo de la Magistratura, es cierto, aunque convengamos que los juicios políticos a magistrados no son algo habitual, corriente y fácil de lograr.

Para Mauricio Macri, Canicoba era uno de los jueces que tenían que irse de Comodoro Py: representaba, a su entender, todo lo malo que allí ocurría. Sin embargo, nunca lo pudo desplazar ni siquiera cuando estuvo muy cerca de tener mayoría especial en el Consejo de la Magistratura (el número mágico que te permite mandar a un juez a juicio político).

“Los argentinos queremos saber la verdad, así que más vale que nos representen. Si no, vamos a buscar otros jueces que nos representen”, dijo Macri en junio de 2017, cuando todavía creía tener cierto manejo de Comodoro Py. Aquí radica uno de los grandes errores del macrismo: la contradicción entre esos mensajes hacia el electorado y el diálogo que intentaba mantener con esos mismos jueces en tribunales, mezclado con esa falsa seguridad de que todos se concentrarían para siempre en los delitos del kirchnerismo. Pues no, mi cielo. Py es complejo, es homogéneo y es tiempista.

Canicoba representa para el sector progresista también una figura difícil de digerir: nunca disimuló su estilo de vida, su ostentación, los viajes y los contactos con figuras empresariales. En el Consejo de la Magistratura están las causas donde lo investigaban por enriquecimiento ilícito y también por su trabajo como juez. Al contrario de lo que algunos sostienen, no se va por estar acorralado: el debate por estos días (y desde el año pasado) está en si finalmente las archivaban o no.

Sin embargo, el gran reproche que nace desde casi todos los sectores tiene que ver con la causa AMIA. Canicoba la tiene en su juzgado desde 2006 y fue el que ordenó la captura de los iraníes acusados. Desde un sector, lo critican por no haber hecho nada y por no criticar lo suficiente el trabajo que hacía Alberto Nisman. Desde otro, sostienen que “dejó solo” al fiscal cuando hizo la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán.

La partida del enemigo perfecto

La causa AMIA transita ahora, otra vez, un momento crucial pero que difícilmente se convierta en una oportunidad de esclarecer algo, 26 años después del atentado. Y ahí Canicoba tiene una parte de la responsabilidad, aunque ya haya recibido un expediente vapuleado por los servicios de inteligencia, el gobierno de Carlos Menem y actores judiciales como el ex juez Juan José Galeano.

El 30 de julio, Canicoba prometió contar qué dirigente de fútbol “lo apretó” durante el macrismo. Dijo que fue perseguido durante esos cuatro años aunque nunca presentó una denuncia. Sobreseyó a Gustavo Arribas, titular de la AFI, sin siquiera investigarlo en la causa que se le abrió por unas transferencias sospechosas relacionadas al caso Odebrecht. Procesó y mandó a la cárcel a Omar "Caballo" Suárez en plena guerra del macrismo con los sindicalistas.

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Canicoba deja de ser juez, al fin y al cabo, porque el 29 de julio cumple 75 años, el límite constitucional para ejercer su cargo (hay algunas excepciones que tienen un amparo presentado y lograron sortear esa barrera). Solo una cosa le hubiera dado cinco años más: un nuevo acuerdo del Senado. Alberto Fernández jamás lo hubiera propiciado pero Canicoba tampoco lo pidió. Muchos dicen que intentó negociarlo pero, en los papeles, jamás fue presentada siquiera la petición.

Polémico y político. Corrupto para los supuestos republicanos que nunca le pudieron probar judicialmente algún delito. Mal juez para otros que lo protegieron en el Consejo de la Magistratura y nunca pudieron avanzar en esas causas que indefectiblemente se caerán cuando deje de ser juez. El enemigo perfecto de todos los que dicen que con su partida comienza la depuración. Ingenuos y simplistas tienen más en común, al fin y al cabo, de lo que muestran.