La batalla de los trasladados: la Cámara Federal y la disputa de poder en Comodoro Py

El Canciller - Comentarios
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¿Qué sería de Comodoro Py sin su núcleo de poder? Sin el lugar por el que todas las causas pasan en algún momento. ¿Qué sería Comodoro Py sin la Cámara Federal, el lugar de disputas, jueces trasladados y vacantes eternas?.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal es el lugar que se encarga de revisar los expedientes, los procesamientos, los sobreseimientos y demás cuestiones que suceden dentro de las investigaciones que se llevan adelante en los doce juzgados federales. Está compuesta por dos salas de tres jueces cada una, aunque desde hace años atraviesa una situación inestable en cuanto a su composición y ahora son cuatro los jueces que ocupan esos lugares.

Martín Irurzun es el presidente y está en la Cámara desde 1994. Es lo que se denomina como “nacido y criado”, por sus relaciones y su pertenencia a la familia judicial: su padre fue incluso juez de instrucción. Durante el menemismo, integró la “sala independiente”, llamada de esa forma porque no era permeable a las presiones y sugerencias del poder. Irurzun fue uno de los que firmó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, un hito en el derecho. Pero si algo lo puso en el radar mediático en los últimos años fue la mal llamada doctrina que lleva su nombre. En octubre de 2017, fue el que puso la firma para que el por entonces diputado Julio de Vido terminara detenido por “relaciones residuales” en el marco de una causa en la que ni siquiera tenía un procesamiento. Con ese argumento, se ordenaron múltiples detenciones de ex funcionarios kirchneristas de manera preventiva. El otro miembro titular de este equipo es Mariano Llorens, juez desde hace poco más de dos años y que llegó a ese lugar desde un tribunal oral criminal y luego de atravesar un concurso bastante largo.

Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi eran jueces de un Tribunal Oral Federal, o sea, magistrados que se encargaban de realizar juicios por corrupción o por lesa humanidad o por trata de personas. Durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron tocados con la varita mágica de un traslado y se convirtieron en camaristas. Los cuatro conformaron un núcleo duro con resoluciones que luego resultaron muy cuestionadas y con avales a las investigaciones de Claudio Bonadio.

La forma en la que llegaron Bruglia y Bertuzzi es la que ahora los pone en un lugar de riesgo. Un traslado es un proceso por el cual un juez pasa de un lugar a otro sin necesidad de hacer un concurso. Esto tiene que cumplir ciertas normas. Hace algunas semanas, el oficialismo en el Consejo de la Magistratura consideró que los traslados de Bertuzzi y Bruglia no habían cumplido con los requisitos necesarios y envió sus pliegos junto con otros ocho al Senado de la Nación para que allí se vote y se ratifique, o no, su llegada a este lugar clave.

La revisión de estos traslados no estuvo exenta de polémica: para Bertuzzi y Bruglia se trató de una medida del oficialismo para correrlos de ese lugar y que ataca su estabilidad en el cargo y su independencia. Presentaron un amparo en un juzgado contencioso administrativo federal, el famoso fuero de “la gobernabilidad”. Allí caen todos los expedientes donde están involucrados acciones del Estado y fue noticia en los últimos días porque el Gobierno decidió retirar de la reforma judicial el tramo que implicaba su fusión con el fuero civil y comercial federal.

El amparo de los jueces fue rechazado y decidieron jugar más fuerte: presentaron un per saltum a la Corte Suprema para que sean los cinco jueces los que decidan si se quedan o no en la Cámara Federal. El tiempo apremia: para el 4 de septiembre está citado todo el grupo de “trasladados” aunque Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli no asistirán a la comisión de Acuerdos del Senado donde definen generalmente si dan el okey para que la votación pase al recinto. Castelli fue trasladado al Tribunal Oral Federal 7 (que tiene en su agenda la causa de los cuadernos) y, en principio, no había grandes cuestionamientos sobre su figura. Todos descontaban que iba a conseguir el aval del Senado: para que los trasladados queden ratificados necesitan conseguir 37 votos, o sea, una mayoría simple. Pero, ante esta situación, el juez fue muy duro en sus consideraciones y se calificó prácticamente como un perseguido político.

A este embrollo que afecta a la Cámara Federal se le suma otro condicionamiento. Uno de los trasladados es Eduardo Farah, integrante original de la Cámara y que se fue luego de una decisión que fue criticada tremendamente por el macrismo y que le valió hasta una denuncia penal: la primera excarcelación de Cristóbal López y Fabián de Sousa. ¿Qué pasaría si Farah no consigue ese aval de traslado y tiene que volver a la Cámara?

La Corte Suprema, en 2018, fue muy dura con el tema traslados pero su decisión es interpretada de diversas formas: para Bruglia y Bertuzzi, su situación cumple con los requisitos y además, ya pasó el tiempo de revisarlos. Para el oficialismo, claramente no. La Corte tiene la posibilidad de convertirse en árbitro del conflicto, en medio de las especulaciones que hay en torno a su funcionamiento y de cómo será “evaluada” por el Consejo Asesor que creó Alberto Fernández.

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El tiempo lo es todo y puede ser también el factor que cambie el panorama: en la reforma judicial se prevé una unificación de la Cámara Federal con su prima del fuero Penal Ecónomico. De seis plazas se pasaría a doce. Otra forma de licuar el poder que tienen actualmente los jueces que revisan absolutamente todas las investigaciones judiciales de Py.