Kicillof, La Bonaerense y una crisis que no es por falta de fondos

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De mal modo, la Policía Bonaerense le acaba de arrancar a Axel Kicillof un aumento de salarios exprés del que todavía no se conocen las dimensiones. Sin acompañamiento de los jefes policiales ni precisiones sobre la nueva escala de sueldos, el anuncio que hicieron de apuro Carlos Bianco y Sergio Berni, ayer a las 7 de la mañana, no estaba previsto. Resultado de una madrugada frenética, no formó parte del plan de seguridad que lanzaron el viernes pasado Alberto Fernández y el gobernador, ni se acordó en las múltiples reuniones previas que compartieron funcionarios de Nación y Provincia. Mientras en la residencia de Olivos culpan al ministro de Seguridad por no haber anticipado la magnitud del descontento, el candidato a destiempo para presidir el PJ le repite a su entorno que venía reclamando una recomposición para la fuerza desde que asumió sus funciones, a pedido de Cristina Fernández, en diciembre pasado.

El malestar en La Bonaerense era conocido en los altos mandos del gobierno. Según dicen en Casa Rosada, el viernes pasado -horas después del acto de la mañana en Olivos- el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, le informó a Kicillof y a Berni que se estaban organizando protestas desde sectores de la institución que cuenta con nada menos que 90 mil efectivos. Si no lo subestimaron, no pudieron impedirlo. Hoy muy cercana a Patricia Bullrich, la macrista Florencia Arietto lo anunció el domingo en vivo ante las cámaras de TN con críticas al “discurso antipolicial” del ejecutivo provincial. “Estamos en una situación crítica. Tengo información de movimientos de la Policía Bonaerense. No hay conducción operativa de la fuerza. Tenemos un ministro de Seguridad que escribe en Infobae y no baja al territorio a desalojar. Paro no pueden hacer, pero están viendo de hacer algún tipo de movilización para pedir mejoras salariales y el respaldo que no tienen porque hay un discurso antipolicía (…) Están llamando a una situación de reclamo general, no puedo hablar de sublevación”, dijo.

El hecho es considerado inédito tanto por el desafío público de las protestas en plena pandemia por parte de una institución que no tiene derecho a huelga como por la respuesta inmediata y forzada de la política. Una concesión en tiempo récord que sólo puede ser leída como producto de la debilidad. Los intendentes que gobiernan el Gran Buenos Aires no recuerdan antecedentes similares desde el retorno de la democracia en una provincia indómita en la que no faltaron gobernadores con escasa autoridad. Kicillof acababa de asumir como ministro de Economía de CFK cuando Daniel Scioli enfrentó una crisis parecida con un reclamo que le costó desactivar. Sin embargo, esta vez las manifestaciones con patrulleros y sirenas sonando llegaron hasta la puerta del domicilio del gobernador.

Como siempre, se mezclan elementos ciertos con episodios extraordinarios que activan las teorías conspirativas. Igual que en toda la administración estatal, el descontento salarial existe y la escala está desactualizada desde hace tres años: los comisarios dicen ganar 60 mil pesos de bolsillo, los oficiales ayudantes, menos de 35 mil pesos y las horas extras están congeladas. Por supuesto, nadie en la política bonaerense cree que un comisario se acostumbre a vivir con los ingresos que percibe en blanco de la administración pública. En Juntos por el Cambio, relatan una frase de los altos mandos de La Bonaerense que conocen también en el peronismo oficialista: “El sector privado nos paga 10 veces más que el Estado”. Se refieren a la recaudación ilegal que pocos gobiernos -por no decir ninguno- se animan a tocar y que de ser eliminada sin elevar los ingresos en blanco podría, dicen, desatar una guerra. El problema es que la protección privada que la fuerza cobra cara y en negro queda entre la comandancia y no se reparte entre la base de la pirámide.

La Bonaerense tomó al pie de la letra el discurso sanitario de Fernández y Kicillof que considera al AMBA un continuo urbano. Miran las escalas salariales y ven que ganan la mitad o menos de lo que perciben las otras dos fuerzas que actúan en la región, la Metropolitana y la Federal. Ante la inseguridad y el COVID-19, se consideran los más expuestos y menos reconocidos. De los 90 mil uniformados, hay 6 mil que se dieron de baja por haber contraído el virus, una parte son administrativos y los turnos reducen el personal que está en la calle.

El levantamiento policial en el conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires -donde, remarca Kicillof, gobierna la oposición- llegó apenas unos días después del anuncio del plan que presentó el gobierno con la promesa de destinar $ 38.000 millones extras para comprar patrulleros, cámaras y equipamientos, pero sin alusiones al personal de la fuerza. Dicen los defensores del reclamo que fue la gota que rebasó el vaso y niegan que la protesta tenga alguna relación con la confirmación de que el cuerpo encontrado en Bahía Blanca era el de Facundo Astudillo Castro, el otro hecho trascendental que marcó la semana pasada.

El conflicto con La Bonaerense encuentra a Kicillof tomado por los efectos de la pandemia y en el marco de una alianza de gobierno en la que cuenta con el respaldo irrestricto del Presidente y de su vice, pero divide desde hace rato opiniones en el ancho oficialismo. Entre los intendentes, La Cámpora, Sergio Massa y los movimientos sociales se comparten críticas y resquemores por el encierro del kicillofismo. Los jefes comunales rechazan tanto al ex ministro de Economía como a su encargado de Seguridad. Tal vez por eso, cerca de CFK afirman que detrás del escenario tenso de las últimas semanas hay, también, “fuego amigo”.

El gobernador padece los efectos de la crisis económica en su territorio, no controla la Legislatura como quisiera y empieza a caer en las encuestas como toda la dirigencia, pero sin haber crecido igual en el momento de auge. El impacto de los uniformados en la calle lo obliga a perder la inocencia ahora y salir del aislamiento político. Queda probado: responder a las críticas del propio oficialismo por la falta de gestión con la consigna de que todo es producto de la campaña del anticristinismo que lo tiene como blanco principal no alcanza para sumar adhesiones.

El reclamo salarial con forma de apriete por parte de la policía encuentra a Kicillof otra vez atado a Berni y eso sí parece distanciar a los Fernández. Mientras los colaboradores del Presidente ven al ministro como el principal responsable del descontrol de una fuerza que pretende autogobernarse, en el team Cristina afirman que ahora más que nunca se confirma la necesidad de un funcionario con el perfil del teniente coronel, piloto y cirujano. Es un juego ambiguo donde el gobernador se favorece del pararrayos que le instaló CFK en la provincia y queda, al mismo tiempo, desdibujado por un funcionario en campaña permanente que le gobierna el minuto a minuto pero no puede prever la protesta de la fuerza que, se supone, conduce.

Con fecha del 7 de septiembre, la última encuesta de Ricardo Rouvier indica que la opinión sobre AK parte al medio a la provincia. El gobernador tiene una imagen positiva de 45,4% conformada por un 32,5% que la considera muy buena/buena y un 12,9% que la define como regular/buena. Su imagen negativa es del 43,4%, resultado de la suma de muy mala/mala (25,8%) y regular/mala (17,6%). Berni, que acaba de ser incorporado a la medición de los principales dirigentes del país, cuenta con un 41,1% de imagen positiva, un 31% de negativa y un todavía muy elevado no sabe (27,9%).

No todos en el oficialismo compran el discurso policial de una protesta puramente salarial. Desde el ministerio de Seguridad reconocen que hay exonerados entre los manifestantes y un sector del Frente de Todos liga el conflicto con la postura de la oposición dura en Diputados, las marchas anticuarentena y hasta las advertencias de Eduardo Duhalde sobre la posibilidad de un golpe en Argentina.

Sea o no un episodio más de esa saga, el desafío de La Bonaerense a Kicillof no puede explicarse por la falta de fondos. La provincia no está pagando vencimientos de deuda y, junto con la emergencia que provoca la pandemia, los Fernández la blindaron con una inyección de fondos descomunal.

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De acuerdo a un informe reciente de la consultora Aerarium en base a datos del ministerio de Economía y las provincias, entre enero y agosto de este año, Buenos Aires se quedó con casi la mitad de las transferencias discrecionales del tesoro nacional para los gobernadores de todo el país. Desde que Kicillof asumió su cargo, los fondos que recibió aumentaron un 628% -de $14.199 millones en los primeros ocho meses de 2019 a $103.300 millones en el mismo período de 2020- y su participación en la torta general pasó del 19% del total transferido el año pasado al 48%, en este ejercicio.