Fernández y la reconciliación imposible

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No sólo el virus divide a la Argentina en dos países. Ensimismada, infectada y saturada, el Área Metropolitana de Buenos Aires sigue sin comprender la enorme porción de realidad que queda fuera de su radio. No era lo que se proyectaba. Después de reconstruir mil vínculos personales, Alberto Fernández soñó en campaña con una nueva era que le permitiera una meta bastante más ambiciosa: reconciliar al peronismo con la zona núcleo. El Presidente creyó que su alianza con Omar Perotti podía ser un canal para llegar a Santa Fe y que su difícil acercamiento con Juan Schiaretti le abriría los caminos de la Córdoba más hostil para ampliar las fronteras del último cristinismo. Un año después, cercado por la doble trampa de la peste y la deuda, Fernández está comenzando otra vez a chocar con la República Unida de la Soja.

La intervención en Vicentin pero sobre todo el proyecto de expropiación le dio una oportunidad impensada al frente social-empresario que, pese a la derrota electoral y al incendio de Mauricio Macri en la gestión, se mantiene con una fortaleza envidiable. El default de la cerealera que hizo el milagro de avanzar hacia la quiebra en un país agroexportador y el tendal de heridos que dejó en el camino no impidieron que la sensibilidad antikirchnerista se activara en tiempo récord por arriba y por abajo. La posibilidad de que el Estado acceda a una fuente directa de divisas, evite una mayor extranjerización en el mercado de granos y resguarde los activos que ya puso en la empresa deberá doblegar los tambores de guerra de los sojeros que se suben rápido a la caravana de la 125. Recién después, tendrá que encontrar la forma de levantar el muerto de U$S 1000 millones que dejan los Vicentin con el resto de sus acreedores, incluida la banca trasnacional.

Paradojas de un frente amplio, Fernández avaló la expropiación en parte para resolver un problema que afectaba a Perotti pero vio nacer la resistencia al lado del gobernador. Ahora precisa los votos de Schiaretti en Diputados para aprobar una ley que enerva a gran parte del electorado cordobés y le sirve a la oposición para desempolvar el fantasma cansado de Venezuela. El oficialismo bifronte tendrá que ir a pelear una batalla no prevista en el borrador del contrato social. Se entiende que justo ayer hayan aparecido los fondos de Nación para Córdoba y Santa Fe, aunque tal vez no alcancen si no aparecen esas alternativas superadoras que, según el Presidente, no existen.

Siete meses después de aterrizar en Casa Rosada, Fernández tomó por primera vez una decisión audaz en materia económica y se topó enseguida con un rechazo que llega hasta las costas de su propia construcción política y se mete adentro, en un oficialismo que se divide en torno a conceptos, intereses y jugadores. El apuro de hoy -consecuencia de la demora previa- le impidió armar una presentación más acorde a la iniciativa. En el gobierno están los que creen que hubiera hecho falta consultar también a especialistas en Derecho Administrativo del sector privado, lo mismo que hicieron los buitres que pretendían quedarse con la firma, para después ofrecer los argumentos en una correlación de fuerzas por demás ajustada y un contexto de lo más complicado. “A mayor audacia, mayor prolijidad”, reza una máxima del peronismo que parece en desuso.

Fernández es un porteño que aspira a un país federal pero su base social sigue siendo la del kirchnerismo puro.

La imposibilidad de conformar un marco de alianzas superior antes del anuncio actualizó además la frase de un funcionario que entiende más al agronegocio que al gobierno: “Cuando un ministro de Agricultura sale de la Argentina, lo reciben como a un rey por ser el representante de una potencia alimentaria. Pero en su país nadie le presta atención”. Lo sufren ahora Luis Basterra y el gabinete de técnicos pro campo que lidera su segundo, el ex CEMA y ex ACA Julián Echazarreta. Producto de esas divergencias, el Presidente tiene en sus narices el bloque macizo de la patria ruralista –que aún sin norte electoral, sabe bien lo que no quiere– pero no termina de conformar el propio, ni siquiera después de lo que asoma como un conflicto desatado. Los productores rurales estafados por los dueños de Vicentin no aparecen como aliados del gobierno, las cooperativas que podrían asociarse al Estado lo miran con desconfianza y los trabajadores de la empresa marchan con sus sindicatos en defensa de la propuesta oficial, sin eco de los altos mandos del Frente de Todos. Nadie los invita a involucrarse en un proyecto clave que parte aguas tanto a nivel social como en la línea de la historia. Así, la oportunidad que ofrece el caso de una cerealera en default, distinguir entre grandes y chicos lo que Martín Lousteau juntó hace 12 años, puede pasar inadvertida en la tierra de la polarización. Sin definir su estrategia o sin hacerla pública, el ex jefe de Gabinete no quiere reeditar una confrontación con olor a pasado. Sin embargo, hay fuerzas que lo exceden y lo llevan.

Alberto Fernández y Sergio Nardelli, CEO de Vicentin. Foto NA.

Fernández es un porteño que aspira a un país federal pero su base social sigue siendo la del kirchnerismo puro, arraigada en el continente inabarcable del conurbano bonaerense y con apoyo en las provincias del Norte. Ese otro país que defiende el rol del Estado y subsiste lejos de la Argentina que extiende la frontera agropecuaria y exporta más de lo que declara, donde los intendentes hoy destinan entre 2 y 4 millones de pesos diarios para paliar con bolsones el hambre de los que se caen del mapa. Donde la ayuda estatal llega de mil maneras pero no alcanza y los comerciantes atienden a escondidas a una oferta disminuida por el ajuste de salarios y el miedo a lo que vendrá. Es un país hoy sobrepasado por la cuenta cotidiana de la pandemia, que viene de años de recesión y sacrificio, que recibió de Macri una herencia explosiva, que sufre la suba del dólar y no la goza. Cuando el encierro finalmente se termine, sus bajas de desempleo y pobreza también quedarán a plena luz. Hará falta más audacia y no habrá margen de error.