“Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves.” Conciso, directo y fulminante. Camuflado entre críticas a Mauricio Macri, a su mesa judicial, a su forma de vincularse con la justicia federal, está uno de los conflictos subterráneos que se destapó con la presentación de este proyecto. A Cristina Fernández de Kirchner esta reforma no la representa.

Lejos del supuesto anhelo de impunidad que la oposición agitó como bandera y como verdad, la reforma judicial no fue delineada por la actual vicepresidenta de la Nación ni es de su estilo. No porque Cristina buscara de alguna forma esa supuesta impunidad sino porque su enfrentamiento con gran parte del sector judicial lo tiene que llevar adelante dentro de Comodoro Py, con una estrategia tanto jurídica como política.

Creer que esta reforma la hizo Cristina o que está hecha a su medida es un error pero también una estrategia que invalida cualquier argumento racional que se le ponga enfrente. El problema es político: no es posible debatir si todo cae siempre bajo la figura de la vicepresidenta como obstáculo para cualquier discusión. Es el juego de la oposición.

El famoso tema de la impunidad se desarma en cuanto se lee un poquito el proyecto: ahí mismo queda evidenciado que todas las causas que están ahora en Py se van a quedar con los jueces y con los tribunales ya designados para actuar en ellas. Es más, la mayoría de los expedientes que involucran a Cristina ya están en etapa de juicio, con los trámites correspondientes para arrancar en algún momento esos debates. No hay posibilidad de cambio, de “poner jueces” ahí.

Lo de los jueces a dedo tampoco parece tan sencillo como asegura la oposición: el trámite en el Consejo de la Magistratura requiere si o si una mayoría especial, o sea, con votos surgidos desde el famoso y tan aclamado consenso. El Consejo es clave para el sector kirchnerista del Frente de Todos: desde allí se impulsan las investigaciones a los jueces, aunque llevarlos a un juicio político a los que en su consideración actuaron en tándem con el macrismo también requiere una mayoría especial que por ahora nadie tiene.

“Si no vas por todo ahora, ¿cuando?”, se preguntan desde el bloque del Frente de Todos en el Senado, para los que la reforma es “tibia” y si bien genera algunos cambios importantes, no es transformadora. El kirchnerismo defendió en público, en las audiencias y en la tv, los detalles de este proyecto mientras por debajo criticaban que las personas que se encargaron de redactarlo no aparecieran en este contexto. La molestia viene desde el principio: no existió una participación activa de los sectores judiciales k ni del Instituto Patria en la redacción.

El corazón de esta reforma está compuesto de dos cuestiones: la multiplicación de los juzgados federales y el tardío pase al sistema acusatorio. Con lo primero, el Gobierno busca licuar el poder de los actuales federales. Con lo segundo, modernizarse y reducir también la influencia de los jueces en las investigaciones, que pasan a tener a los y las fiscales como encargados de encaminar los procesos.

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Esta reforma es netamente política: no va hacia las profundidades del sistema, no es un cambio total y estructural, no es la destrucción del Poder Judicial ni tampoco el fin de su independencia. No avasalla a los jueces que, por otro lado, tienen sus razones para oponerse a cualquier cambio, algunas más interesantes y razonables que otras. ¿Era necesario el paso de 12 juzgados a 46 si los jueces no van a llevar adelante las investigaciones? ¿Sirve “licuar” un Comodoro Py que no es el mismo que hace dos años ni hace cinco? Con esa multiplicación, ¿no reproducis el ADN de Retiro? ¿No esparcis esa forma de llevar adelante las causas?

La reforma queda encerrada en el dilema entre lo posible, lo perfecto, lo necesario o lo realizable. Entre los intereses políticos-judiciales y la incomodidad del Frente de Todos en este tipo de temas donde no existe un acuerdo ni línea idéntica. Demuestra también lo fácil que la oposición logra coparle la agenda a un Ejecutivo que no sabe capitalizar el fastidio general que produce “la justicia” en gran parte de la sociedad.