Desafíos en la transición a la postpandemia
Tras cuatro meses de aislamiento social obligatorio en AMBA, empiezan a hacerse más frecuentes las señales de fatiga de parte de una sociedad que necesita abandonar el estado de excepción y reconstruir algún tipo de cotidianeidad. Con el anuncio del Jefe de Gabinete respecto a que el IFE de agosto será el último, el Gobierno parece indicar que el agotamiento es extensivo a las cuentas públicas.
En efecto, el Estado acumula un déficit que se calcula alcanzará a fin de año los 10 puntos del producto, explicado no solo por la casi duplicación del gasto primario sino también por el hundimiento de la recaudación. La dinámica ya se torna insostenible y obliga a encontrar, a pesar de la persistencia de la pandemia, un camino alternativo de flexibilización.
El desafío que le aguarda a Alberto en la etapa que se abre es el de gestionar el desarme paulatino de las medidas de urgencia adoptadas y su reemplazo por instrumentos focalizados para cada sector, que además de implicar un costo fiscal menor permitan comenzar a apuntalar la actividad económica. A tales fines, en los últimos días se dieron a conocer una serie de medidas que tienen como característica común el estar pensadas ya no para asegurar la subsistencia sino para volver a producir, invertir y consumir. La moratoria impositiva, el relanzamiento del Ahora 12/18, un blanqueo de capitales destinado a dinamizar la construcción y un programa de váuchers turísticos, son algunas de las acciones ya anunciadas para reemplazar el actual esquema.
Más allá del riesgo sanitario, existe la preocupación de que, al reimprimirle dinámica a la actividad económica, se genere una mayor circulación del dinero y aquellos pesos orientados al estímulo se conviertan más rápidamente en excedentes, presionando el tipo de cambio u obligando a subir las tasas y, de esa manera, ralentizar la recuperación. Por otro lado, la batería de pequeños programas deberá estar en condiciones de responder al nuevo escenario que deja la crisis, con al menos 15% de desocupación y 45% de pobres, según estimaciones. Por caso, con todo lo cautivante que puede resultar el Plan “Argentina Hace” presentado la semana pasada, es difícil suponer que los 20 mil empleos que el programa proyecta crear sean suficientes cuando, solo en abril, se perdieron 185 mil puestos de trabajo formales. Es por eso que, más allá de las evidentes restricciones fiscales, el Gobierno deberá acelerar el diseño de nuevos mecanismos de asistencia directa que puedan seguir acompañando por un tiempo prudencial a quienes perdieron su fuente de ingresos durante la pandemia.
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Con todo, vale decir, en especial en momentos en los que con demasiado énfasis se habla de la pérdida de pactos básicos de convivencia, que este país decidió salir de su última gran crisis fortificando su red de protección social, y que la ampliación y fortalecimiento de la misma ha sido tal vez la única política de Estado en estos últimos 20 años. No hay nada para celebrar en que, tal como advierte el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, tras esta pandemia una nueva capa de pobreza estructural vaya a requerir asistencia. Dicho esto, las intenciones del Gobierno de mantener un Ingreso Base para 3 millones de personas que recibieron el IFE reafirman ese compromiso transversal. Más difícil va a ser llegar a aquellos sectores medios empobrecidos tras tres años sucesivos de crisis. Nuevamente, dependerá mucho del pulso del Gobierno, que deberá dar respuesta a demandas legítimas de recomposición mientras mantiene la prudencia de no cebar en exceso una economía cuya estabilidad aún reviste una delicada fragilidad.
El programa de transición hacia la postpandemia se completa con el demorado comienzo de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para resolver la devolución de los 44 mil millones de dólares otorgados durante el mandato de Macri. Descontada la imposibilidad de cumplir con el plan de pagos vigente, descartado el escenario de una quita o un default, el Fondo y la Argentina no tienen más remedio que ponerse de acuerdo. Nunca es triste la verdad: Fernández desarrollará la segunda parte de su mandato en el marco de un programa con el FMI. Las condiciones que se consigan en esa compleja negociación serán las que definan los grados de libertad que Argentina tendrá para empezar un programa económico de recuperación que, a su vez, como suele resaltar el ministro Guzmán, deberá también contar con la legitimidad de la sociedad. Las dos cosas llevaran tiempo.
Por lo demás, el “Marshall” del mega plan de obra pública en el que se depositan las mayores expectativas de reactivación para el próximo año serán, de acuerdo con el Informe de Avance de elaboración del presupuesto que envió el Ejecutivo, los organismos internacionales de crédito, de los que se prevé obtener financiamiento por más de 4 mil millones de dólares. En este sentido, el acuerdo con el Fondo se presenta, además de ineludible, como fundamental para asegurar esos desembolsos que permitirían retomar los proyectos de infraestructura pausados desde la debacle de 2018.
