Con la Constitución en la mesa

Alberto Fernández, con sus últimos actos, se expuso hasta a la más ridícula de las sanciones: que se lo expulse como docente de la Facultad de Derecho. El pedido no es descabellado puesto que su voluntad manifiesta de violentar el régimen democrático y el estado de derecho muestra su inhabilidad intelectual y moral para poder enseñar el más básico derecho en el marco de un Estado democrático.

Una cosa es no llegar a ser presidente porque no te votaron y otra, muy distinta, es invalidarte en el cargo debido a que se cristaliza un desconocimiento y violación del sistema de reglas fundamentales que suponen ese esquema de autoridades. Digo esto porque no puede existir un presidente, de acuerdo a nuestra norma vigente, que diga que los otros dos poderes del Estado, o uno de ellos, no van más o desconoce su autoridad y por tanto su existencia. En nuestra república hay división de poderes. Y el poder ejecutivo no tiene supremacía sobre los otros dos, el legislativo y el judicial. La división de poderes republicana está pensada para que estos se controlen entre sí. Insisto, eso marca nuestra Constitución. También significa que su cumplimiento no es una gauchada, es una obligación, sobre todo para los funcionarios y mucho más para el máximo funcionario de uno de los tres poderes, el Presidente de la Nación. Su violación es un delito. No es una mera inconducta.

El ex presidente Macri inmortalizó una expresión, que se convirtió en meme, que fue una respuesta a la pregunta sobre si se juntaría a hablar con el kirchnerismo. Era el principio del fin de la violenta e inconstitucional cuarentena decretada por el presidente Alberto Fernández, que básicamente suspendió derechos y garantías constitucionales para que unos médicos con ansias de figuración y apetitos de gobernantes determinaran si uno podía o no dar la vuelta la manzana o hacer uso de su propiedad privada como lo deseara.  

Dijo Macri entonces: Conversar podemos conversar, pero con la Constitución en la mesa. Era su primera aparición televisiva después de haber dejado el gobierno, y su respuesta sugería que el valor central de la república no era compartido a priori por la coalición de gobierno. No se equivocaba.

El libro del profesor de derecho de Berkeley John Yoo Defender in Chief postula que el ex presidente Trump se convirtió en el defensor más inesperado de la Constitución. El prestigioso constitucionalista dice que el mecanismo del ex Presidente Trump, a quien confiesa no haber votado ni en las primarias ni tampoco en las generales de 2016, es usar la Constitución como escudo. El kirchnerismo es exactamente lo inverso a lo que observa Yoo sobre la forma de gobernar de Trump.

El espacio político que gobierna la Argentina, especialmente la vicepresidente, ven a la Constitución como un obstáculo. Percibe a la regla constitucional como un problema para desarrollar su inagotable agenda de gobierno. Lo expresa muchas veces, sobre todo Cristina Kirchner, (pero no solo ella) personalizando en jueces y otras veces en el poder mismo del Estado que es la Justicia. Pero, en realidad, lo que al kirchnerismo le genera dificultad y hastío es la norma constitucional que por definición, como cualquier otro código, supone que todo no se puede hacer.

Así, el Gobierno construye un renovado relato según el cual la Justicia está atentando contra el Poder Ejecutivo. A continuación, pondera a uno de los poderes del Estado de forma distinta y sostiene, sin decirlo abiertamente, que la tiranía de la mayoría es un verso de los legalistas. Dicho de otro modo, no existe en la cosmovisión kirchnerista algo así como la tiranía de las mayorías que encuentra su límite en la Constitución Nacional. Para el kirchnerismo, la elección popular es sacrosanta y está por encima de los otros poderes y por encima de la ley.

En esa línea, es inadmisible que la Corte Suprema pueda inmiscuirse en la distribución de recursos que para el kirchnerismo es una potestad única de aquellos que se someten a elección directa. Esto es Presidente y Vice, Diputados y Senadores. El resto son de palo.

Si la Constitución dice lo contrario, la Constitución es un problema. Pero el kirchnerismo no es tan ingenuo y entonces embiste contra la Justicia.

De este nuevo error no forzado de Cristina, que paradójicamente parece combinar en el mismo cuerpo la genialidad que le atribuyen sus más fieles seguidores y los errores ineludibles de la selección de candidatos, la de funcionarios, la vinculación con los gobernadores peronistas más relevantes o los infortunios parlamentarios como el que le ordenó a Cecilia Moreau dos semanas atrás y que terminó por no plasmarse en el cambio deseado para los integrantes del Consejo de la Magistratura provenientes de esa Cámara, parece salir un solo ganador: Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno porteño primero le ganó la pulseada en la Justicia al gobierno nacional, que le había retirado fondos de coparticipación. Pero parece que con esa derrota no le alcanza y anuncia que no cumplirá el fallo del máximo tribunal. Esto se vuelve una segunda victoria en la misma semana de Larreta, que obviamente rechazó la decisión inédita del gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte.

Sin embargo, Larreta, al ser consultado sobre el pedido de detención para los funcionarios que se abstengan de cumplir su deber y comenzar a devolverle la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se horrorizó como si se estuviera hablando de un linchamiento en la plaza pública de estos. Quizás alguno de los cuantiosos asesores le pueda acercar al jefe de gobierno porteño la película de Madoff.

En las últimas horas, el terreno era fértil para que el precandidato a la presidencia expusiera con energía una posición más dura frente al kirchnerismo. Pero Horacio Rodríguez Larreta parece convencido de que su negocio es ser el menos anti de los anti para poder capturar quizás algún porcentaje de los votos, al menos, independientes que no votarán de nuevo kirchnerismo en el 23 pero que están igualmente cansados de las posiciones “extremas” antikirchneristas. Las PASO 2023 nos dirán, como siempre, quién tiene razón. Si el moderado o el más radicalizado.

También en su canal amigo LN+ perdió la oportunidad este viernes de poder expresar una batería de medidas al iniciar su gobierno. Es extraño e inconsistente que quien postula que el próximo presidente no tendrá 100 días, sino 100 horas, para tomar decisiones que cambien el rumbo de la Argentina, al ser consultado sobre las primeras tres medidas de gobierno que tomaría desde Balcarce 50 no haya podido dar algunas respuestas concretas.

La hipótesis más simple es que la batería de medidas a anunciar, según la cuenta que ellos, del equipo de campaña y posiblemente el propio HRL, es más pianta votos que salir por arriba y terminar deslizando minutos más tarde y desordenadamente que habrá reforma impositiva, laboral y del Estado.