Ofensiva de Carrió y Ocaña antes del 21F: profundizan Macri y Moyano la confrontación

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Si bien se mostró sonriente ayer en la reunión que organizó en la sede de Camioneros junto a otros sindicalistas, Hugo Moyano continúa en un camino sinuoso que lo tiene entre la Justicia por supuestas causas de corrupción y la guerra que mantiene con el Gobierno. Como si fuera en un movimiento de pinzas, el oficialismo busca aislarlo de la marcha que, finalmente, corrió para el 21. Anoche desde los estudios de TN volvió a disparar: “Que investiguen lo que quieran”.

Si bien desde un principio se especuló -y se dió por cierto- que las organizaciones sociales, el kirchnerismo y agrupaciones de izquierda tonificarían la marcha del camionero, ayer salieron a bajarle el tono y esperar una invitación “más efusiva”. “No hay un rotundo acompañamiento a la marcha del 21 y no hay acuerdo en torno a esto. Por lo pronto nadie de camioneros se comunicó con el Triunvirato (por CCC-Cetep y Barrios de Pie)”, sostuvo Gildo Onorato de Cetep y secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita, en diálogo con Télam. Si pierde gremialistas en el palco quiere engrosar la asistencia a la marcha, parece ser la ecuación del líder sindical: el número ideal ronda las 250.000 personas estiman desde el gremio.

El jueves será un día clave para determinar qué concurrencia tendrá la marcha. Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, sí ratificó su presencia. Igualmente, debatirá la postura con los referentes de la CCC y Ctep en una asamblea.

“Moyano se quedó solo, con una CGT muy dividida y sin el apoyo de los sindicatos del transporte, ferroviarios y UTA, para garantizarle el éxito de un paro”, sostuvo ante La Nación un funcionario de la Casa Rosada.  “¿Qué quiere discutir? ¿Las paritarias, su sindicato o los movimientos de su tarjeta de crédito?”, ironizaron.

La ofensiva

La diputada por Cambiemos y enemiga acérrima de Moyano, Graciela Ocaña, anunció que hoy ampliará en Tribunales la denuncia por defraudación contra el gremialista y su familia. Según el escrito, al que accedió Infobae, la legisladora sugiere incluso la existencia de maniobras de lavado, y solicita al juez federal Claudio Bonadio que ordene la intervención tanto de la ente de salud como del conglomerado de firmas vinculadas al gremialista. Estima que se desviaron unos 35 millones de dólares en favor del empresas del clan sindical. Otra de las espadas del oficialismo, la diputada Elisa “Lilita” Carrió, le apuntó sin nombrarlo: “ya no hay lugar para los extorsionadores que solo buscan no dar cuenta en la Justicia”.