Obra pública: advertencia de Dietrich a los empresarios y “nuevas exigencias” del Gobierno

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La advertencia de Guillermo Dietrich a los empresarios fue clara: si no empiezan las obras, el Gobierno empezará a ejecutar las millonarias garantías que pagaron al obtener los contratos de Participación Público Privada (PPP) para obra pública. La repitió cada vez que se sentó con las autoridades de las companías que acordaron la construcción de corredores viales, uno de los objetivos centrales del Ejecutivo de cara a 2019.

La reticencia de los bancos a otorgar créditos luego del estallido del escándalo de los cuadernos generó temor entre los hombres de negocios: ¿cómo afrontarían el inicio de los trabajos sin ese financiamiento? Dietrich les dio una respuesta: arranquen con la caja propia. El ministro de Transporte tiene seis grandes corredores viales (más de 3.300 kilómetros de rutas nacionales) licitados y adjudicados por un total de U$S 8.000 millones. Que se demoren, en este contexto, no es una opción.

En paralelo, en el Gobierno aceleran los trámites para presentar en sociedad, lo antes posible, el fideicomiso de asistencia financiera, que el Ejecutivo espera que oficie de “garante” entre las empresas y el sector financiero y resolver el problema. Pero mientras eso ocurre, las compañías deberán confiar y empezar a mover las máquinas.

Los proyectos de PPP son una de las claves para poder cumplir con el déficit cero exigido por el FMI y plasmado en el Presupuesto 2018: se trata de un esquema que permite el financiamiento a largo plazo (como los peajes de los corredores viales), en lugar de una gigantesca erogación del Gobierno nacional que afectaría el equilibrio de las cuentas públicas.

Con las PPP Mauricio Macri arriesga mucho capital político de cara a 2019: si no funcionan, no podrá explotar una de sus principales armas retóricas en la campaña. Por eso sus funcionarios aceleran el fideicomiso, que de todos modos tendrá exigencias particulares.

Las empresas deberán adherir a un “marco de integridad” con el cual el Ejecutivo busca evitar actos de corrupción o, eventualmente, castigarlos de forma inmediata. El marco también servirá para apaciguar el “riesgo reputacional” de las empresas ante los bancos y destrabar esa parte del financiamiento.