Nuevo Observatorio de la Obra Pública: el proyecto de Katopodis para erradicar la corrupción

El ente, que reunirá a empresas, sindicatos, ONGs y universidades públicas y privadas, apunta a diluir la cartelización y favorecer el acceso a la información.
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El Ministerio de Obras Públicas que lidera Gabriel Katopodis se propuso realizar un cambio de paradigma en la cartera. Los funcionarios que desembarcaron con Alberto Fernández dicen tener la transparencia como primer mandamiento, luego de décadas en las que el área de la infraestructura fue estigmatizada hasta el cansancio por constituir un supuesto imperio para la proliferación de la corrupción en el Estado. Con este objetivo, el Gobierno nacional lanzó el Observatorio de la Obra Pública, un organismo que procurará sentar a todos los actores involucrados en una mesa de debate constante.

“Es un compromiso del presidente Alberto Fernández y de todo mi equipo gestionar este Ministerio de Obras Públicas con transparencia, eficacia y equidad, para garantizar una Argentina más justa y construir un territorio más federal“, enunció Katopodis en la presentación en sociedad del flamante Observatorio.

La idea del oficialismo es generar un espacio donde puedan confluir todas las opiniones. Según reconstruyó El Canciller, dirán presente la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Asimismo, participarán las ONG Poder Ciudadano y CIPPEC. Del ámbito universitario formarán parte la UBA, la UTN, la UNSAM, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Observatorio de Contratación Pública de la Universidad Austral.

“El objetivo es establecer una línea de base para las políticas públicas a través de un consenso que surja de la discusión de todos estos actores. Buscamos que existan metas comunes con todos ellos, no que las contrataciones las decida únicamente el Estado. Por eso, les pedimos que propongan distintos temas para tener en agenda”, explica Guillermo Sauro, secretario de Gestión Administrativa e impulsor del proyecto.

Desde la cartera que comanda Katopodis confían en que el flamante Observatorio ayudará a terminar con la discreción que imperó en los últimos dos gobiernos. Pretenden promover criterios objetivos para invertir y que los trabajos de infraestructura se realicen donde hagan falta, sin importar el color político de cada jurisdicción.

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“Toda iniciativa que tienda a buscar la transparencia es buena. Esperemos que efectivamente se haya aprendido del pasado y que se utilicen herramientas para mostrarle la información al ciudadano sobre la contrataciones. Recién tuvimos las primeras reuniones, todo irá tomando forma con el correr de los meses”, cuenta Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, que saludó a través de Zoom la puesta en marcha del organismo.

Ante la consulta de este medio por la cartelización de las obras, Sauro admite que las normativas para que las PyMEs se presenten en los procesos no son adecuadas. El funcionario afirma que en el Observatorio deberán reflexionar acerca de cuáles son las barreras que les impiden a las pequeñas empresas locales obtener la adjudicación de proyectos, cuando las mismas poseen los requerimientos técnicos necesarios para llevarlos adelante.

“Tenemos muchos documentos en relación a cómo debe ser una obra pública transparente. Entendemos que tiene que existir una reforma normativa sobre las compras del Estado. Debe haber una competencia leal entre los proveedores, cuantas más empresas se puedan presentar, se proporcionará más equidad en la disputa. Es importante la claridad sobre dónde se hacen las obras y de qué forma se realizan”, añade Secchi.

De acuerdo a la resolución del Gobierno, el organismo fomentará “la evaluación y mejora continua del marco normativo, de las prácticas, herramientas y procedimientos de planificación, así como de la contratación, ejecución física y financiera de las obras públicas”. En este sentido, desde el Ministerio reconocen que históricamente el Estado no ha sido eficiente en la ejecución y el cumplimiento de las obras. Para el 2021, se plantea un ambicioso objetivo: alcanzar la concreción de 30 convenios institucionales y 50 proyectos.

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Cerca del despacho de Katopodis adelantan que podrían firmar más convenios con otras entidades, bajo la premisa de robustecer la participación de los actores en los procesos de licitación. “A mayor transparencia, acceso a la información y publicación de datos que nosotros podamos justificar, más se beneficiará a la obra pública”, concluyen.