Nueva habilitación para circular y expulsiones suspendidas: la situación de los inmigrantes

A partir de esta semana, quienes llevan menos de dos años de residencia en el país, también podrán tramitar el certificado de circulación para trabajar.
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El pasado 27 de marzo, un joven colombiano robó en el Instituto Malbrán y fue condenado en un juicio abreviado. “No lo pudieron expulsar porque no hay vuelos debido al cierre de fronteras. El juez resolvió que cuando las restricciones se levanten, se lo expulsará del país y volverá a Colombia”, explica el Defensor Oficial y cotitular de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación, Hernán De Llano.

“Se suspendieron todos los procesos de expulsión”, indica el funcionario judicial. Esto implica que las personas que pueden ser enviadas a su país de origen por haber cometido un delito, siguen en Argentina debido a la pandemia. Cuando cumplen la mitad de la condena, pueden solicitar regresar.

La Comisión del Migrante defiende de forma gratuita a los extranjeros que delinquieron. La asistencia abarca tanto a los que quieren ser expulsados, como también a los que se quieren quedar.

La Defensoría tiene a su cargo las Comisiones de Migrantes y Refugiados.

Como el Poder Judicial decretó la feria, la Comisión trabaja cuestiones pendientes en los casos ya abiertos (demandas judiciales o recursos administrativos, entre otros). “Cuando los tribunales abran estará todo listo para hacer las presentaciones y seguir con los procesos”, afirma De Llano. Y agrega: “A los migrantes que se quieren quedar en Argentina les viene bien que las expulsiones estén paradas”.

También están suspendidas las causas de migrantes ilegales. A su vez, el funcionario aclara que el trámite de expulsión no implica que se dicte la prisión preventiva, salvo que la persona sea retenida (la detienen para subirla al avión al día siguiente o en el mismo día).

Circulación vulnerada

Cuando se dictaron las excepciones a la cuarentena para circular, incluyeron solo a los extranjeros que tenían como mínimo dos años de residencia. De Llano relata que la medida provocó que “personas con menos de dos años en el país no pudieran ir a trabajar, aunque se desempeñaran en actividades esenciales”.

Esta semana se modificó la habilitación y ahora se les otorga la posibilidad de circular incluso a quienes tienen menos de dos años en el país. “Es muy compleja la situación de los migrantes porque en estos momentos los Estados tienden a cerrarse, miran más al ciudadano y el extranjero queda en segundo plano como sucedió acá“, explica el cotitular de la comisión.

De Llano junto a defensores latinoamericanos en Quito el año pasado.

Te marca una clara desigualdad que no hayan dejado circular a los extranjeros con menos de dos años de residencia. Puede que en el mundo la situación sea parecida, e incluso peor, porque acá esto se pudo revertir por pedido de las Comisiones de Migrantes y Refugiados planteamos la situación de vulnerabilidad en la cual quedaban las personas excluidas”, afirma.

Los extranjeros con residencia precaria, es decir habilitados para vivir de manera temporaria, que no tengan DNI y trabajen en actividades esenciales ahora pueden tramitar la autorización para salir de sus casas durante la cuarentena.

Futuro

“Habrá que ver que pasará con los que quieran volver a sus países o los que decidan quedarse después de la cuarentena. Aquellos que quieran irse necesitan vuelos de repatriación“, precisa De Llano.

El problema puede que surja cuando los migrantes con la mitad de la condena cumplida prefieran volver a sus países y no puedan al finalizar la cuarentena. En este punto, el cotitular de la Comisión expresa: “Puede que el regreso se les dificulte debido al cierre de fronteras y de logística. Dado que los expulsados van acompañados por dos policías ya sea en avión o micro, dependiendo del país”.

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Los organismos internacionales piden por ellos

Tanto los refugiados en busca de asilo, como los migrantes que delinquen o entraron ilegalmente a distintos países del mundo, también corren el riesgo de contagiarse coronavirus. Algunos Estados otorgan los derechos de residencia temporal para que puedan utilizar el sistema de salud y los servicios sociales. Pero otros no, como es el caso de Estados Unidos.

La preocupación de los organismos internacionales por la situación de estos grupos a nivel mundial está presente. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) pide a los gobiernos que incluyan a esta población en los planes nacionales.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en América Latina asesora y apoya a las autoridades y a la sociedad para que tomen las medidas adecuadas, con el fin de mejorar la situación humanitaria de los más vulnerables. Mientras que la Delegación regional Brasilia (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) brinda alimentos, promueve los llamados a los migrantes y da donaciones.

Ante la pandemia y las insalubres condiciones de detención, el CICR brindó recomendaciones a las Fuerzas Policiales y de Seguridad, las cuales se fundamentan en las Normativas Internacionales de Derechos Humanos sobre el uso de la fuerza.

¿Qué pasa en Estados Unidos?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su política antiinmigrante dictó un decreto de emergencia de salud pública para expulsar rápidamente a la mayoría de las personas que se encuentran en la frontera con México.

Asimismo, el Director de Operaciones y Comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de USA, Mark Morgan también se mostró a favor de limitar el ingreso de los inmigrantes ilegales que “pueden estar portando el virus”. 

Esta semana, EE.UU. reanudará los vuelos con deportados hacia Guatemala, después de dos semanas de pausa. Hasta el momento, las personas estuvieron retenidas en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas norteamericano. Al llegar al país de Centroamérica, se estudiará el estado de salud de cada persona, para luego volver a sus ciudades.

También los refugiados que pidieron asilo en el país dirigido por Trump saldrán de Estados Unidos hacia Honduras. El pacto establece que ellos no regresarán hasta que sus casos de asilo sean resueltos por las autoridades federales estadounidenses.