22/08/2019
Miércoles 17 de Julio de 2019 Política

Juicio en ausencia, encubrimiento político y pista internacional: el futuro de la causa AMIA

Tres decretos de Mauricio Macri marcaron la intención del oficialismo de ponerse como protagonista en el aniversario 25 del atentado a la AMIA. La creación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (RePET) tiene como objetivo a Hezbollah, aunque aún el Poder Judicial no haya avanzado lo suficiente como para tener mayores certezas que la investigación.

En 1992, el atentado a la embajada de Israel (investigación que depende la Corte y no tuvo tampoco avances significativos en los últimos años) prendió varias alertas pero no fue suficiente. La Secretaría de Inteligencia (SIDE) no pudo alertar lo que sucedió el 18 de julio de 1994. Años después, se comprobaría que los agentes de la Secretaría fueron parte de la maniobra de encubrimiento que prácticamente dejó sin posibilidades de saber qué es lo que pasó.

El primer juez de la causa, Juan José Galeano, fue condenado en febrero de este año por múltiples delito: peculado, prevaricato, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de pruebas. Esto deja en evidencia que los primeros años de investigación, los claves, quedaron totalmente manchados.

AMIA está desglosada en diversos expedientes, atravesada por muchos intereses políticos, sociales, económicos y de inteligencia. La causa que se dedica especificamente al atentado está en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, con directo desempeño de la Unidad Fiscal AMIA.

Después de los años en que Alberto Nisman estuvo a cargo, donde hubo críticas de muchos sectores hacia su trabajo, algunas de sus hipótesis se mantienen. Lo que está claro (por más de que no se haya llegado ni siquiera a una instancia de juicio) es que se actuó en tres grupos: los que llevaron adelante el operativo; los que hicieron el trabajo de investigación previo al atentado y un grupo de “limpieza” que se se encargó de borrar todo rastro de actuación del primer grupo.

La UFI AMIA está ahora en proceso de análisis de todos los documentos reservados, entregados por tandas. Muchos de ellos estaban en mal estado, por haber sido almacenados en depósitos sucios, quizás algunos hasta sean irrecuperables. La UFI AMIA pudo identificar a la víctima 85 del atentado hace poco más de un año aunque su lucha es contra el tiempo. En el sistema judicial lo saben.

La investigación actual está íntimamente ligada a lo que se pueda escarbar y salvar de la maniobra de encubrimiento, esa misma que llevó al juez Galeano, a los fiscales y a miembros de la ex Side como Hugo Anzorreguy, titular de la Secretaría durante el menemismo. 

Mientras esto sucede en el plano judicial, el Gobierno impulsa el juzgamiento en ausencia de los acusados que actualmente están bajo las alertas rojas de Interpol. Actualmente, ni la Constitución ni los códigos lo permiten. El Ministerio de Justicia plantea que esto servirá para que se avance en la investigación y que se les nombraría un defensor oficial en caso de que los imputados no presenten su propio abogado.

Los cuestionamientos a esta medida son varios, desde la imposibilidad de un juzgamiento a distancia hasta la acusación de que todo será teatro y no realmente justicia.

La denuncia de Nisman por encubrimiento, mientras tanto, está a la espera de una fecha de juicio. Ahí están involucrados Cristina Kirchner y Carlos Zannini, entre otros. El juicio que nadie quiere hacer, pues la estructura de la causa, más allá de todo el desprecio que causó la decisión política de impulsar el Memorándum con Irán, no mostraría un delito.

Otro de las dudas es si, 25 años, se avanzará más sobre la trama política del encubrimiento, actualmente en el juzgado de Ariel Lijo. Desde ciertos sectores creen que, al haber sido absuelto Carlos Menem, todo el resto caería. El otro cuestionamiento es al rol que juega actualmente el sistema inteligencia, no sólo en lo relativo al atentado sino en la falta de transparencia que hay en torno a su funcionamiento y sus gastos.


25 años después, con dos actos por la memoria y con un Gobierno enfocado más en cómo tratar la trama internacional y las consecuencias para “el afuera”, los familiares reclaman justicia, aún sin saber si algún día podrán conseguir algo parecido a eso.

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