“No soy ni un violador ni un abusador ni un violento”. Cristian Aldana decidió utilizar sus últimas palabras para negar los hechos y mostrarse como una víctima del sistema judicial, al que calificó de “monstruo”. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº25 decidió condenarlo (por mayoría) a 22 años de prisión por corrupción de menores. La fiscalía y las querellas habían solicitado entre 40 y 20 años de prisión.

Un año y dos meses llevó el juicio contra el músico, exlíder de El Otro Yo, donde se presentaron alrededor de 90 testigos. Las denunciantes pasaron primero y se animaron luego de muchos años a quebrar la barrera del silencio, la gran protección de la que gozan los implicados en casos de abuso sexual.

La primera denuncia contra Aldana fue hecha en una Agencia Territorial de Acceso a la  Justicia de La Boca, en abril de 2016. Semanas después, se sumaron seis chicas más que contaron en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) lo que padecieron cuando tenían entre 14 y 17 años. La investigación derivó en la detención del músico en diciembre de 2016, que fue trasladado al penal de Marcos Paz, desde donde se trasladó este tiempo para asistir al juicio, donde consideró que se violaron “todas sus garantías constitucionales”.

Las denunciantes contaron ante los jueces del tribunal cómo Aldana las contactó por el chat que había en la página de El Otro Yo. Les preguntaba su edad, por sus familias, sus gustos. Si pasaban ese “test”, les pedía su teléfono, y cuando las llamaba se aseguraba de que no contaran nada de lo que pasaba ni de lo que iba a pasar. Ahí comenzaba con las preguntas sobre su sexualidad: si eran vírgenes, si tenían alguna experiencia, si había sido abusadas.

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Todas las víctimas eran fans de la banda y consideraban a Aldana como su ídolo. El combo idolatría, casi 20 años de diferencia y vulnerabilidad de las jóvenes le permitía al músico hacer lo que quería con ellas. “Siempre actuaron bajo fuerza y engaño; persuadidas, manipuladas y en una situación de sumisión, inferioridad psíquica y desigualdad”, dijo el fiscal del caso Guillermo Pérez de la Fuente al momento de pedir 35 años de prisión.

El círculo de silencio que armaba Aldana para blindarse de posibles problemas no le impedía obligar a las chicas a que le lleven otras adolescentes. Bajo la excusa del amor libre, les decía que iba a enseñarles cómo vivir el sexo. Los testimonios de las chicas hablan de maltratos, sumisión, violencia y dominación.

Tanto los abogados de las víctimas como el fiscal dejaron en claro que Aldana elegía estar con menores de edad, a pesar de poder establecer vínculos con personas de su edad: buscaba dominarlas, que no opusieran resistencia, que le consintieran todo.

Poner el cuerpo

Entrar en el sistema judicial implica someterse a una serie de exámenes, de preguntas, de cuestiones sumamente invasivas, irritantes y dolorosos. Una denuncia por abuso sexual hecha apenas sucedió el hecho implica un examen médico. Fotos, una revisación, una inspección del cuerpo violentado, a lo que sumarán los peritajes psicológicos correspondientes.

En el caso de los abusos que se denuncian meses o años después, la situación no es menos compleja: psicólogos y psiquiatras analizan el relato de la víctima; su contundencia, su verosimilitud, el impacto que tuvo en su vida, el daño causado.

Las profesionales que participaron de este expediente dieron cuenta de todo esto en los relatos, y también del daño que provocó en ellas lo que Aldana les hizo vivir cuando eran adolescentes. Los relatos no se repetían, se validaban uno a otro.

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“Ellas no podrían sostenerme la mirada, por eso me acusan de algo que es mentira”, dijo el músico cuando le dieron la oportunidad de hablar antes de la sentencia. Irónicamente, no miró en ningún momento a las denunciantes que estaban en la sala y le clavaron la mirada los 40 minutos que duró su exposición. Irónicamente, fue él quien pidió no verlas ni a ellas ni a los jueces al momento del veredicto.

¿Qué pasará ahora con la causa? Los jueces darán los argumentos de su decisión el 6 de septiembre. A partir de ese momento, la defensa de Aldana tendrá diez días hábiles para presentar un recurso ante la Cámara de Casación, la encargada de revisar el caso. Sin tiempos estipulados, Aldana esperará detenido que esa instancia sea su salvación.