26/08/2019
Viernes 28 de Junio de 2019 Está pasando

Mientras el mundo celebra el Orgullo, la Justicia argentina condena un beso homosexual

El 28 de junio de 1969, la policía reprimió de manera brutal en Stonewall Inn, un bar en Nueva York donde concurrían personas de la comunidad LGBT. De allí es que todos los años se conmemora el día del orgullo. Justo hoy, la jueza Marta Yungano condenó a Mariana Gómez a un año de prisión en suspenso por un hecho que comenzó cuando la policía vio que estaba besando a su esposa en la estación Constitución.

El 2 de octubre de 2017, Mariana y su esposa Rocío Girat estaban allí cuando decidieron entrar a la estación porque se produjeron algunos incidentes. No fueron las únicas, había varias parejas que hacían lo mismo. Mariana, como otras personas, estaba fumando. En ese momento, fue interceptada por miembros de la Policía de la Ciudad, quienes le ordenaron que apagara el cigarrillo. No era la única ni tampoco había carteles que indicaran que estaba prohibido.

 

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A pesar de haber apagado el cigarrillo luego de una discusión, los policías decidieron detenerla de manera violenta. Pasó varias horas detenida y semanas más tarde llegó el procesamiento por “resistencia a la autoridad, en concurso real con el de lesiones graves”. Ese mismo procesamiento fue confirmado el 9 de marzo de 2018 por la Cámara del Crimen, justo un día después de una multitudinaria marcha de mujeres.

El juicio comenzó el 5 de junio. Hace una semana, la fiscal Diana Goral pidió dos años de prisión y sostuvo la versión de todas las autoridades judiciales que intervinieron en el proceso. Para ella, Mariana se comportó de manera violenta y le causó un daño grave a la policía que la detuvo ya que le arrancó un mechón de pelo y “todos sabemos lo importante que es el pelo en una mujer”

 

"Todos sabemos lo importante que es el pelo de una mujer", aseguró la fiscal Diana Goral para explicar el "comportamiento violento" de Mariana.

 

La versión y la voz de Mariana no fueron tenidas en cuenta. Nadie consideró, salvo la defensa, que la ley 1.799 de la Ciudad no prevé sanciones para los fumadores: no es delito fumar en un sector prohibido. Tampoco se valoró la voz de una testigo que dio cuenta de que había muchas personas haciendo lo mismo que Mariana y ninguna fue detenida ni señalada. 

A esto se le suma que siempre se dirigieron a Mariana como si fuera un hombre. “Pibe, apagá el cigarrillo”, le dijeron. Y hasta le pidieron la libreta de casamiento cuando las dos mujeres dijeron que estaban casadas. ¿A cuántos heterosexuales les sucedió esto?

 

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La resistencia a la autoridad es una de las figuras penales que enmascara la violencia institucional. De acuerdo a un informe realizado por la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en 2018 se registraron 623 casos de violencia institucional. En el 80% de las causas que fueron llevadas al ámbito judicial, se utilizó la figura de atentado contra la autoridad y resistencia a la autoridad. “O bien las fuerzas de seguridad responden a este tipo de delitos con violencia desproporcionada, o que, al mismo tiempo, son las figuras utilizadas para detener arbitrariamente a los sujetos que la policía identifique previamente”, considera el informe.

Desde fines de 2015, las imputaciones por esos delitos vienen en aumento. Las personas que son investigadas bajo esa figura son casi siempre las mismas: vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, personas en situación de calle, extranjeros. En todas las causas se repite el mismo patrón: la voz escuchada es siempre la policial. Muchos casos terminan en absoluciones o cierre del expediente porque los agentes que intervinieron no van a declarar. En otros, como el de Mariana, esa versión se sostiene hasta el final.

El 5 de julio, la jueza Yungano dará a conocer los fundamentos del fallo. Es decir, el porqué de la condena a un año de prisión en suspenso. Esto significa que Mariana no irá detenida si cumple con “los requisitos” que le impongan. En general, suelen estar relacionados a que se presente bajo el control de un órgano que controla las condenas y que esté a disposición del tribunal cuando se lo requiera. Si todo esto se cumple, la persona nunca va efectivamente a la cárcel.

Con la pena de prisión vino también el pago de las costas del proceso, lo que significa que, si el fallo queda firme, Mariana tendrá que pagar los honorarios de los abogados, los informes de los peritos que intervinieron y cualquier gasto que se haya generado en la causa.

La defensa ya anticipó que llevará la causa a la próxima instancia: la Cámara de Casación Penal. Allí, una sala de tres jueces analizará la sentencia y decidirá si hay fundamentos para la condena o si corresponde una absolución. No hay tiempos claros para que los magistrados definan si ratifican una condena marcada por el odio y la persecución al colectivo LGBT o si deciden convertirse en el último eslabón de una cadena de jueces y juezas sin perspectiva de género. 

 

 

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