Cristina Fernández Kirchner tendrá finalmente su cita a juicio el martes 21 de mayo a las 12. El ida y vuelta judicial de las últimas 36 horas devino hoy en un comunicado de la Corte Suprema donde aclara que "el pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido”.

El inicio de todo

El debate por la causa "Vialidad” tendría que haber empezado hace dos meses. La cuestión se postergó por la enfermedad y luego muerte de uno de los integrantes del tribunal que debía llevar adelante el proceso. Sorteo va, sorteo viene, los magistrados se definieron y la situación se encaminó.

No obstante, tenía la Corte en su poder desde hacía algunas semanas ya varios reclamos de las defensas de los imputados. La situación es habitual: los abogados suelen llevar hasta la última instancia posible sus planteos, en búsqueda de aquellos que los jueces de instrucción les han negado. El martes a la noche, la notificación de un secretario penal que le requería al Tribunal Oral Federal 2 el envío urgente del expediente principal agitó absolutamente todo.

Pedido

La solicitud venía con el okey de cuatro de los cinco miembros: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Otra vez quedó desdibujado el actual presidente Carlos Rosenkrantz.  La explicación que circuló por las salas de periodistas y por los tribunales entre la noche del lunes y el mediodía del martes era que la Corte intervenía ahora para "emprolijar” la causa y sanar cualquier cuestión que pudiera convertirse en una nulidad seria o peligrosa.

Los ejemplos sobraban: la causa AMIA, las coimas en el Senado, todos expedientes de una gran relevancia institucional que terminaron en absoluciones masivas por diversas falencias judiciales. Pero el mensaje se leyó en clara clave electoral y en un contexto político donde se lo veía como "una ayuda” a la ex presidenta. Mauricio Macri, Germán Garavano, Elisa Carrió, Marcos Peña y varios más salieron a criticar fuerte al Máximo Tribunal y lo trataron directamente de cómplice de la impunidad.

24 horas en Comodoro Py

Mientras tanto, en el Principado de Retiro no se hablaba de otra cosa. Varios de los jueces de los tribunales vieron en el pedido de la Corte una suerte de reto a ciertas arbitrariedades cometidas, como no hacer lugar a prácticamente nada de lo que reclaman los abogados de los imputados en casos de corrupción kirchnerista. Otros lo resumieron en la filosofía tribunalicia de los años impares: la campaña ya comenzó.

Los más técnicos se amparaban en dos artículos del Código Civil: allí se establece que la existencia de recursos pendientes ante la Corte no impide, por ejemplo, la elevación a juicio de un expediente y que mientras el Máximo Tribunal no haga lugar (o sea, mientras no lo tome y lo acepte para estudiar), no se va a suspender proceso alguno.

Pasado el mediodía del miércoles 15, varias fuentes ligadas al Tribunal anunciaban que enviarían el expediente entero a la Corte y explicaban que sin eso el debate no se puede iniciar. ¿Por qué? Porque de allí se leen las acusaciones y se cotejan los testimonios. Por lo tanto, si la causa se iba, el juicio se postergaba. No obstante, no llegaron a hacerlo antes de las 16:30, horario en que cierra la secretaría de la Corte. En esas horas, el panorama cambió.

Charlas en el Palacio

Ya en la mañana del jueves, a la Corte llegó un mensaje: el Tribunal no iba a suspender ni postergar la fecha de inicio. Si, iba a mandar la causa pero dejaría bajo la decisión de la Corte el resto. En otras palabras, no iba a pagar el costo político de la situación. Ante esto, se decidió lanzar el comunicado (del que participaron activamente los mismos jueces que se involucraron en el tema, sin que Rosenkrantz tuviera demasiado en lo que intervenir).

El escrito (del que salió primero una versión en borrador donde se advertí "ojo con las disidencias”) pateó la pelota muy afuera. Allí, se explicó que en ningún momento se habló de una suspensión del juicio sino que el pedido de la causa era para sacar copias y que todo será devuelto "en tiempo oportuno”. Aclararon también que este tipo de solicitudes es algo habitual y ha sido tomado en "numerosas oportunidades”.

Para lo último, se guardaron tres puntos que marcan el estado de situación. Primero, que debe garantizarse tanto el avance de los procesos como el respeto del derecho de defensa. A eso le agregaron: "de este modo se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno los procesos llevados adelante culminaron nulificándose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad”.

Por último, dejaron en claro que la Corte funciona como "guardián de las garantías constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos por igual”. ¿Un mensaje hacia afuera o hacia adentro?

El futuro

Contrarreloj, las copias se harán y por supuesto que la idea es empezar el juicio tal y como estaba previsto. Ahora, ¿qué pasaría si la Corte encuentra alguna irregularidad que afecte el caso? ¿O acaso el pedido era únicamente para cuestiones formales?

Quiénes pertenecen hace años a la estructura judicial sostienen que los cortesanos pueden salir con un fallo "ordenador” y no tan comprometido. Varios actores de Comodoro Py analizaban la medida como un paso atrás del que, por ahora, es muy difícil hacer pronósticos.