26/08/2019
Martes 07 de Mayo de 2019 Política

Gemignani ante el Consejo de la Magistratura: cuando el abuso de poder no tiene costo

Hace algunas semanas, Juan Carlos Gemignani estuvo a punto de perder su lugar como presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los lugares más relevantes dentro del Poder Judicial por debajo de la Corte Suprema. Fue salvado, pero la incomodidad de sus colegas es notoria. En ese clima político, el Consejo de la Magistratura resolvió que el próximo 22 de mayo deberá dar explicaciones sobre el episodio en el que una funcionaria federal terminó detenida por orden suya. 

La situación sucedió durante la segunda quincena de julio, en la feria judicial, cuando Gemignani le ordenó que realizara un inventario de unas cajas que había en una sala y que las retirara. María Amelia Expucci le explicó que no era la responsable de este tipo de cosas y pidió que espere unos minutos a que llegara la funcionaria a cargo. El juez de Casación lo consideró una afrenta, una desobediencia y directamente ordenó su detención.

Todo el hecho derivó en dos causas penales. La primera, contra Expucci, terminó rápidamente cerrada: se comprobó que la funcionaria no cometió ningún tipo de delito y que la orden del juez había sido totalmente desproporcionada. La otra causa fue contra Gemignani y los policías. La Cámara Federal se encargó de descartar la imputación contra el camarista. Sostuvieron que no tuvo la intención de abusar de su poder al ordenar la detención sino que actuó “con un aparente exceso no intencional en la creencia de que estaba cumpliendo con su deber”. Un pequeño detalle. 

El hecho de que la causa penal no prosperara, no tendría que haber sido motivo para que el expediente en el Consejo se paralice. No obstante, así estuvo: freezado. Algunos sostienen que la antigua composición del Consejo de la Magistratura pretendía “cuidar” a Gemignani y bloquear cualquier tipo de avance contra él.

Esta mañana, las trabajadoras de Comodoro Py encabezaron la marcha hasta Libertad 731. Pedían justamente que la denuncia contra Gemignani no quede en la nada. En el principado de Retiro los malos tratos del juez, especialmente hacia las mujeres, son conocidos.

La situación es insólita: un juez que ordena la detención de una empleada porque no cumple con una tarea administrativa. Es como si un jefe te denunciara a la policía (y te metieran preso por eso) cada vez que le explicas porqué se demoró algo que te pidió.

El dictamen que salió de la comisión de Acusación y Disciplina no llegará nunca a un juicio político ya que fue descartada la causal de remoción por “mal desempeño”. El Consejo lo citó por una serie de faltas disciplinarias: faltas a la consideración y el respeto debido a otros magistrados, funcionarios y empleados judiciales; actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometan la dignidad del cargo; y la falta o negligencia en el cumplimiento sus deberes, así como de las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional.

Es cuanto menos curioso: Gemignani no corre riesgo de perder su lugar como juez pero los policías fueron procesados por el juez Canicoba Corral por haber obedecido la orden del magistrado de detener a Expucci. Ironías judiciales. La sanción que le puede caber es de una quita del 50% de su salario por única vez.

Dos cuestiones clave marcan el dictamen sobre la conducta del juez. La primera, sobre el clima de trabajo en Casación: “Hechos de la naturaleza del aquí imputado, pueden razonablemente generar en el resto de los empleados y funcionarios que se desempeñan en esa oficina judicial temor a ser sancionados y, hasta detenidos, en caso de no cumplir automáticamente con una directiva unipersonal dirigida por un magistrado, aun cuando sensatamente tengan elementos de peso para suponer que los restantes jueces de ese tribunal no coincidirán con éste”. ¿Se imaginan trabajar con un superior con el miedo permanente a quedar detenidos ante cualquier discrepancia? 

La segunda es claramente una victoria del movimiento de mujeres organizadas y del contexto histórico en el cual se enmarca esta situación. Para los consejeros, más allá de que consideraron que Gemignani no hizo “diferencias de género” cuando amenazó a empleados y funcionarios a su cargo, la detención se efectivizó contra una mujer, “en el marco de una relación de poder desigual en el ámbito público, que afectó su libertad, dignidad e integridad psicológica”. Incluso citaron la ley de Protección Integral a las Mujeres y la Convención de “Belem do Pará”.

El 22 de mayo, Gemignani deberá dar explicaciones de sus actos. Podrá presentarse en el Consejo o presentar un escrito. Hasta ahora, nunca se arrepintió de haber ordenado la detención y siempre consideró que era su deber hacer lo que hizo. 

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