Tres meses después de que Patricia Bullrich adelantara la propuesta en el G20, el Gobierno nacional presentó el anteproyecto del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que contempla bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión. La exposición estuvo a cargo de Germán GaravanoRicardo Gil Lavedra y la ministra de Seguridad.

El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego. En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.

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Uno de los motivos que esgrimen desde el Gobierno para la aplicación de este régimen es el de crear en los adolescentes un sentido de responsabilidad civil. Según expresó Bullrich, "la clave está en trabajar un proyecto que empiece a actuar cuando cometan el primer delito, que tenga un sistema de reeducación, de trabajo, de contención social, de terapia, y que quienes cometan delitos más fuertes tengan condenas más graves".

Desde un principio, organismos de derechos humanos y la Iglesia se manifestaron en contra de la baja. La Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión -integrada por el sacerdote Pepe Di Paola y otros curas, religiosos y laicos que trabajan en territorios vulnerables- tildó a la propuesta de "simplista y con fines electorales" y le atribuyó al Ejecutivo hacer "demagogia punitiva".

Con la economía sumergida en una crisis y con cifras poco favorables en cuanto a los principales índices productivos, el desafío del Gobierno es fortalecer las consignas que son más redituables en los sondeos: la seguridad y el combate contra el narcotráfico y la corrupción. Además del anteproyecto presentado esta tarde, la Casa Rosada implementó en el último tiempo la utilización de pistolas Taser y el nuevo protocolo que amplía las posibilidades del uso de armas de fuego en las fuerzas.

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La exhibición de la iniciativa se concretó un día después de que el Frente Renovador de Sergio Massa impulsara un proyecto de ley para que la baja de imputabilidad se sitúe en los 14 años. Entre otros asuntos, el despacho del massismo también plantea establecer la condena de cadena perpetua para violadores y narcotraficantes así como declarar imprescriptibles los delitos de corrupción.