El oficialismo consiguió hoy su primera gran victoria: la destitución de Eduardo Freiler. Si bien ya había apuntado contra otros tres jueces que actualmente ya no siguen en su cargo (Norberto Oyarbide, Carlos Rozanski y Oscar Hergott), fue Freiler el primer destituido después de un juicio político. 

Con ese envión, hay en el Consejo de la Magistratura denuncias que le permitirían avanzar contra otros tres magistrados: Ana María Figueroa, Daniel Rafecas y Ariel Lijo.

La jueza de la Casación Federal es apuntada desde hace tiempo por su cercanía al kichnerismo. En el Consejo, hay una denuncia realizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (alineado con el macrismo) por irregularidades en el manejo de expedientes.

Ana María Figueroa es una de las apuntadas por su cercanía con el kirchnerismo

Rafecas estuvo cuestionado desde el inicio del mandato y hubo hasta una solicitada que pedía su destitución. No es la primera vez que tiene que enfrentar denuncias en su contra. Durante el kirchnerismo, se le quiso iniciar un jury por su actuación en la causa Ciccone. Ahora, uno de los reproches es por haber desestimado la denuncia de Alberto Nisman contra Cfk por el Memorándum com Irán.

Sin dudas, el más sorpresivo de los casos es el de Lijo. Nunca estuvo en la mira del oficialismo hasta la detención de Amado Boudou. Dos días antes, el Consejo había recibido una denuncia contra él y Rafecas por supuestas demoras en la tramitación de las causas que tienen en sus juzgados. 

Esta semana, el hermano de Lijo, Alfredo, había sido citado a declarar en el marco de otras denuncias que tenía Freiler y que, con su destitución, se cayeron. Varios artículos periodísticos hicieron foco en la relación entre Freddy y el ahora ex juez y salpicaron, de alguna manera, a Lijo. ¿Se animará el Gobierno a ir contra uno de los jueces más influyentes de Comodoro Py?

¿Tiene espalda y votos para llevar adelante estos procesos? Esa es la duda que parece no tener respuesta por ahora. En Tribunales, se apresuran a decir que ninguno de esos casos "es como el de Freiler” y que impulsar alguno de esos procesos podría tener demasiados costos para el oficialismo. 

Mientras tanto, avanza un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura para pasar de 13 a 16 miembros y con mayor injerencia de jueces y abogados.