Las denuncias de corrupción: pierde la política
En las últimas décadas, la corrupción en la política ha sido uno de los temas fundamentales dentro de la agenda de los medios y de los dirigentes: algunas veces como operación y muy pocas veces como una búsqueda del fin de la impunidad, pero casi siempre con pocas probabilidades de prosperar en la Justicia. Las denuncias de corrupción se instalaron como un modo dañino de hacer política, como una herramienta más en este demencial vale todo que naturaliza el delito.
Con la reciente denuncia por coimas contra el fiscal federal Carlos Stornelli revelada por el periodista Horacio Verbitsky sucedió lo esperado: los medios afines al oficialismo salieron en la defensa del fiscal cercano al macrismo, mientras que los opositores se subieron al carro para darle manija al tema.
A la inversa ocurrió con la revelación del periodista Diego Cabot, con el caso de las fotocopias de los cuadernos. Los medios toman su posición; sean opositores u oficialistas hay una elección de cuáles investigaciones tienen que ser respaldadas y cuáles se deben desechar. La presunción de inocencia y el tratamiento objetivo de la información discrimina, una vez más, según el color partidario.
Cabe recordar que tras la aprobación en el año 2009 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios), el Grupo Clarín inició una fuerte embestida contra la administración entonces ejercida por Cristina Fernández de Kirchner, poniendo a funcionar toda su maquinaria para intentar -y finalmente conseguir- debilitar los niveles de aprobación de la por entonces presidenta.
De esa manera, demostraron la capacidad de oposición en respuesta a una ley, que, promovida por el Poder Ejecutivo y aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional, representaba serios perjuicios a los intereses económicos y empresariales del multimedio, según reconocieron desde el imperio de Héctor Magnetto.
A partir de ese momento, se hizo evidente una división entre medios del Grupo Clarín que comenzaron a poner énfasis en casos de corrupción de algunos funcionarios del Frente Para la Victoria y, por otro lado, medios afines al gobierno kirchnerista con la misma estrategia pero utilizada en contra de las figuras de la entonces oposición. Lógicamente, la intensidad de las denuncias siempre se va elevando al acercarse los procesos electorales. En ese contexto, las diferentes fuerzas políticas utilizan, y en algunos casos impulsan, esas denuncias para restarle credibilidad a su oponente.
Una solución a esta problemática sería tener una Justicia eficiente que rápidamente pueda determinar qué casos son ciertos, cuáles merecen ser investigados y cuáles desechados. Sin embargo, muchas veces son los propios miembros del Poder Judicial quienes, alentados por sus propios intereses y siguiendo una agenda paralela, participan de estas operaciones y denuncias falsas.
Los ciudadanos son víctimas de la complicidad entre los medios, los políticos y la Justicia. Todo el ruido en torno a las denuncias de corrupción debilita la capacidad de informarse, restringe la discusión a distintos casos personales o particulares dentro de los distintos partidos políticos, conformados por gran cantidad de dirigentes y militantes. Y, a su vez, subsume a la actualidad política en un debate sobre casos de corrupción de distintos dirigentes o personalidades de los partidos.
De esta forma, se perjudica la posibilidad de un debate de mayor profundidad, donde se discutan propuestas de gobierno y no quién tiene más casos de corrupción en su fuerza política. Ya poco importan las políticas públicas que proponga cada candidato: ante una sociedad asqueada y decepcionada con la dirigencia política, lo único que vale es quién está más manchado por el delito.
En el juego de las acusaciones de corrupción, la única que pierde es la política.
