El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, firmó un decreto para expulsar a extranjeros que delinquen y se posicionó, así, en la misma línea que el oficialismo frente a uno de los temas que produce más impacto social: la política migratoria. 

De cara a las elecciones de octubre, Arcioni decidió avanzar con su propio DNU para que Chubut sea la primera provincia que no sólo prohíba el ingreso, sino que además expulse a los extranjeros que comentan delitos o cuenten con antecedentes penales. 

El texto trae también dudas respecto a su constitucionalidad, ya que la Argentina está constituida como un sistema federal, y el manejo de las relaciones exteriores dependen del Gobierno nacional. Cerrar los límites provinciales iría en contra de las atribuciones que otorga la Constitución. 

Tras la oleada de críticas, el ministro de Gobierno, Federico Massoni, afirmó que "en la realidad actual de Chubut se demuestra que el aumento del número de delitos está relacionado con la presencia en el territorio de ciudadanos extranjero”, pero las cifras demuestran lo contrario. 

Según revela el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), menos del 1% de las personas migrantes tuvo conflictos con el sistema penal, por lo que avanzar en ese sentido e instalar la idea del flujo migratorio como causal de aumento del crimen, fomentaría la xenofobia y la discriminación. 

La idea es parte de la propuesta del peronismo federal, que encabeza Miguel Ángel Pichetto, para profundizar la lucha contra los inmigrantes que se viene fogoneando desde ese espacio pero también desde el gobierno nacional.

Hace unas semanas el presidente Mauricio Macri respaldó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para avanzar con un proyecto similar y una reforma para ordenar la radicación de inmigrantes en el territorio.

En la misma sintonía, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta aclaró esta tarde que hay que endurecer las políticas migratorias y que sería Pichetto quien los ayudaría desde la Cámara de Senadores a impulsar la aprobación de la normativa.

En tanto, a ocho meses de los comicios, el peronismo alternativo intentará ir por ese camino con mayor velocidad que el oficialismo, para ver si logran quitarle votos y achicar la brecha.

El posicionamiento dentro del Congreso será clave y en última instancia, ante el giro punitivista, dependerán de la aceptación del electorado.