Un conjunto de reuniones entre el el Gobierno y los ejecutivos de empresas vinculadas al sector gasífero generó un conflicto entre las productoras del insumo y las distribuidoras. Una nueva regulación del Poder Ejecutivo podría gestar una transferencia de ingresos entre las compañías mencionadas: un decreto podría acortar los días que tendrán las distribuidoras en pagarle a las productoras de 75 a 30. Aunque a priori parece una cambio menor, las pérdidas y ganancias para cada una podrían ser millonarias.

Los vencimientos de los pagos son un factor crucial entre las industrias del sector. Las distribuidoras aducen que tardan entre 62 y 70 días en cobrar de los hogares y comercios el gas que entregan, pero con la nueva regulación sólo tendrían 30 para devolverle a las productoras. Los números no les cierran por ningún lado.

La necesidad de pagar para no adeudarse ante las productoras obligaría a las distribuidoras a financiar sus pasivos a través de fuentes de crédito externas. Las actuales tasas de interés hacen que esta idea entusiasme poco a empresas como Camuzzi, Metrogas y Gas Natural BAN.

Para el presidente de Camuzzi, una de las principales distribuidoras, Alejandro Macfarlane, se está cocinando una transferencia de renta entre el segmento de distribución al de producción. Por eso, reniega de las súper tasas de Sandleris. "La decisión de acortar el plazo de pago a las petroleras (de 75 a 30 días) funciona como una transferencia de renta de las distribuidoras a las productoras. Nos están obligando a salir al mercado a financiarnos a una tasa del 50% anual, es decir, cerca de un 4,5% mensual, con el objetivo de que las petroleras de cubran de una eventual devaluación. En la práctica, si prospera este cambio regulatorio, las distribuidoras de gas transferirán recursos a las petroleras sin ningún sentido. No puede pasar algo así”, advirtió en diálogo con EconoJournal.

Otro directivo de una distribuidora declaró ante el mismo medio que "no hay forma de financiar para pagar por anticipado a las petroleras. Lo que sucederá, si se aprueba esto, es que las petroleras directamente tomen el control del flujo de caja de las distribuidoras”.

Los números permiten entender el por qué de la quejas de las distribuidoras, que pagan, en conjunto, unos $5000 millones mensuales por el gas que compran a las petroleras. La reforma las obligaría a salir a buscar financiamiento en la plaza local por unos $2000 millones para adelantar los pagos a las petroleras, a tasas superiores al 50%.