17/06/2019
Martes 15 de Enero de 2019 Está pasando

Violencia institucional en Salta: detienen y golpean a una periodista durante un operativo policial

El sábado a la noche en un operativo policial en las inmediaciones de la cancha de Juventud Antoniana de Salta, unas 59 personas fueron detenidas violentamente, entre ellas una periodista y varios menores de edad.

El fin de semana se celebraron 103 años del “Santo” salteño y los hinchas organizaron un banderazo. Un sector decidió ir hasta el centro de la ciudad, por lo que se ejecutó un "operativo candado" para evitarlo, según lo dicho por la policía provincial. 

Tal como relató a ElCanciller Natalia Fernández, periodista de Buufo, golpeada y detenida, todo comenzó cerca de las 22, en la esquina de Córdoba y San Juan, en pleno centro salteño.

Un cordón policial de más de 20 efectivos con escudos esperaba la llegada de otros 40 oficiales. Mientras ella se encontraba cubriendo el operativo, pudo escuchar que uno de los policías policías gritó "vamos, que hay que detener gente".

Cuando algunos hinchas ya estaban detenidos, vio cómo los golpeaban, por lo que se dispuso a grabar imágenes. Un efectivo le informó que no podía filmar y ella le comunicó que era periodista y que era un derecho del que disponía, avalado por leyes de internacionales.

Luego de ser maltratada y golpeada por policías sin identificación, la subieron a un patrullero en compañía de otras dos jóvenes, una de ellas detenida mientras esperaba el colectivo. 

“Cuando pedí que se identificaran de nuevo, un policía masculino que iba en el asiento de adelante, levantó su mano como si fuese a pegarme y me dijo ‘cállate que ya me tenes harto’", aclara Natalia.

Una vez ahí, la llevaron hacia la comisaría segunda de la capital salteña, donde le sacaron fotos y la retuvieron ilegalmente durante más de dos horas. 

Luego de ser liberada se acercó hasta la Comisaría de Ciudad del Milagro, donde realizó una denuncia por de abuso de autoridad, lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

La violencia policial

A la periodista se la acusa de reclutar o integrar grupos a actividades violentas y de  desobediencia a la autoridad, dos contravenciones a la normativa provincial. 

Desde diferentes medios y organizaciones de Derechos Humanos se expresaron en contra del accionar policial, y aseguraron que se trató de una detención ilegal. 

La agrupación de Periodistas de Argentina en Red, repudió el hecho mediante un comunicado donde se aclara que el trabajo periodístico debe llevarse a cabo en el marco de una plena libertad de expresión y sin vulnerar los derechos laborales de quienes lo cumplen.

“Queremos alertar que la represión policial ocurre cuando los gobiernos ejercen la violencia institucional para amedrentar actuaciones de la ciudadanía y de esta manera debilitan el sistema democrático”, indicaron.

Nuevo protocolo de seguridad

En los últimos meses, el gobierno de Juan Manuel Urtubey se puso a tono con el Ejecutivo en materia de Seguridad. Junto con las medidas de criminalización de la juventud, que acarrea la baja de imputabilidad, el endurecimiento de las condenas y el pedido de mano dura, Urtubey fue uno de los que mostró públicamente su apoyo al nuevo protocolo de uso de armas de fuego promovido por Nación.

Además, desde el ministerio de Seguridad local informaron que las inversiones en esta área, aumentarán notablemente en 2019, en función del presupuesto asignado en Salta, para entre otras cosas, lograr la incorporación de 320 oficiales.

El accionar policial en tanto, es cada vez más represivo. Amparados en el nuevo Código Contravencional, votado en 2001 bajo el gobierno de Juan Carlos Romero, y modificado en diciembre de 2015, se naturalizaron los operativos de "seguridad ciudadana" que favorecen las detenciones arbitrarias.

Este mes se cumplió un año del asesinato de Nahuel Salvatierra, un chico de 16 años que fue asesinado por la policía salteña tras negarse a irse de la esquina en la que estaba sentado con sus amigos y hace 12 días que hay un acampe wichi en la plaza central, en reclamo por una ley de educación indígena acorde a las necesidades de la comunidad donde deben lidiar a diario con el hostigamiento policial.

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