La orden del juez de guardia Rogério Favreto del Tribunal Regional Federal de la 4ta región de Brasil (TRF4) de liberar al ex Presidente Luíz Inácio Lula da Silva sorprendió a todo el mundo, incluso a la misma Justicia, que, de inmediato, revocó esa decisión.

Luego de aceptar un recurso de hábeas corpus presentado por varios diputados del Partido de los Trabajadores, Favreto ordenó que la liberación tenga "régimen de urgencia, en el día de hoy", en las puertas de unas elecciones presidenciales de octubre, en las que el líder de la izquierda es favorito.

El juez de segunda instancia Joao Pedro Gebran Neto, encargado de la operación anticorrupción Lava Jato, fue el encargado de revocar la decisión del magistrado Favreto. "Determino que la autoridad coautora" de la orden y la Policía Federal "se abstengan de practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada", advirtió.

Tensión en Brasil: revoca la Justicia la orden de liberar a Lula en medio de la campaña electoral

Asimismo, pese a encontrarse de vacaciones, el famoso juez de primera instancia Sergio Moro, aquel que condenó a Lula en julio de 2017, afirmó que Favreto carece de competencia para ordenar la liberación y pidió formalmente al juez Joao Pedro Gebran Neto, "el relator natural del caso", que tomara cartas en el asunto para "revocar" la medida.

"El juez federal de guardia, con todo el respeto, es una autoridad absolutamente incompetente para sobreponerse a la decisión del colegiado" del TRF4 y también "del plenario del Supremo Tribunal Federal", que ya negó la liberación de Lula recientemente, adujo Moro en su despacho.

Lula, de 72 años, que desde el 7 de abril cumple una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero en la sede de la Policía Federal de Curitiba, lidera todas las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre, con un tercio de las intenciones de voto


Lava Jato

En los primeros días de marzo de 2016, el juez Sergio Moro le ordenó a Luíz Inácio Lula da Silva a prestar declaración forzada, en el marco de la investigación Lava Jato sobre un monumental esquema de corrupción en Petrobras.

En una decisión controversial y sin precedentes, dos semanas más tarde otro juez lo suspendió de su cargo como principal ministro del gobierno de Dilma Rousseff, aludiendo que su designación en el gabinete brasileño solo buscaba protegerlo de la justicia ordinaria.

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Un año más tarde, Moro condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de dinero, como beneficiario de un apartamento en un balneario paulista ofrecido por la constructora OAS, a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras.

Finalmente, el 7 de abril del 2018, luego de que en enero un tribunal de segunda instancia (TRF4) elevara la pena a 12 años y un mes de prisión, el expresidente de Brasil se entregó ante la Justicia. Desde aquel día, se encuentra recluído en la sede policial de Curitiba.

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