Cambiar para que nada cambie. Despenalización en lugar de legalización, revisar la objeción de conciencia y hacer eje en la educación sexual son los tres ejes de los senadores que intentarán frenar el avance del proyecto para conseguir aborto legal, seguro y gratuito.

Cualquier cambio que se haga significará que el texto deba volver a la Cámara de Diputados para ser aprobado. O sea, todas las modificaciones sirven a la hora de frenar o dilatar una posible aprobación. A este panorama se le suma la idea de pasar por cuatro comisiones el proyecto (una de ellas presidida por Esteban Bullrich) y no por dos, como es la intención de los sectores a favor de la legalización.

¿Una clínica tiene conciencia?

La nota firmada por varias clínicas (Hospital Austral, Clínica Bazterrica, la Fundación Fleni y el sanatorio Mater Dei, entre otras) la semana pasada ejerce presión sobre el artículo 15 del proyecto. Allí se dejó en claro que la objeción de conciencia (la posibilidad de eximirte de una norma jurídica) es individual y personal.

Si se aprueba la ley, los médicos podrán abstenerse de realizar un aborto si lo manifiestan antes y lo dejan por escrito. Cada institución (pública o privada) deberá llevar un registro de las y los objetores. En el supuesto caso de que todos lo sean o que, por alguna situación, deba derivarse a la persona que solicitó una interrupción a otro lugar, la clínica u hospital será responsable de que efectivamente le realicen el procedimiento en el tiempo y forma que la ley marca.

Si se aprueba la ley, los médicos podrán abstenerse de realizar un aborto si lo manifiestan antes por escrito.

Lo que este grupo de clínicas y sanatorios cuestiona es porqué no puede ser a nivel institucional, algo que el proyecto deja prohibido. De acuerdo a lo que plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la objeción de conciencia es una decisión individual y no institucional. Es un derecho humano y los que tienen derechos humanos son los humanos, no las personas jurídicas.

Además, hay que aclarar que esta situación es excepcional, tiene sus límites y no cualquier práctica puede ser objetada. ¿O acaso se imaginan a una jueza negándose a casar a dos personas del mismo sexo porque sus creencias religiosas la hacen estar en contra de ese matrimonio?

Legalización vs despenalización

La idea es clara. Un grupo de senadores quiere sacar del proyecto lo central: la legalización del aborto hasta la semana 14 del embarazo. Por eso es que propondrían penas más bajas y con la posibilidad de que no sean para cumplir en la cárcel para las mujeres y personas gestantes que se realizaran un aborto. "Es posible decir: no habrá cárcel para las mujeres que aborten, pero el Estado no hará abortos”, escribió hoy el Presidente Provisional del Senado Federico Pinedo en La Nación.

¿Qué dice el texto aprobado en Diputados al respecto? Ya contempla una reducción de las penas en comparación con las que actualmente fija el Código Penal para las mujeres que abortan. Pasan de uno a cuatro años a un mes hasta un año de prisión para las que se realicen abortos después de la semana 15. El texto de Diputados también deja a criterio de juez cómo debe cumplirse esa pena.

La despenalización sólo logrará que las mujeres que no pueden pagarse un aborto en condiciones dignas, sigan en la clandestinidad.

La despenalización sólo logrará que las mujeres que hoy no pueden acceder a pagarse un aborto en condiciones sanitarias dignas sigan en la clandestinidad, en lugares sin control y donde probablemente sufrirán más dolor y tendrán más consecuencia físicas y psicológicas. Lo único que se logrará es perpetuar lo que ya existe.

Si el Estado, si los hospitales públicos no realizarán abortos, ¿dónde irán las que no pueden pagar la interrupción? Si, es cierto que casi no hay condenas por abortos pero si sólo se despenaliza el delito, hay una condena que se mantiene. La mujer sin recursos abortará de manera insegura y en lugares sin control alguno, con miedo de que decidir sobre su cuerpo pueda causarle la muerte.

Ahora sí, el momento de la educación

El otro eje de los que se oponen la legalización es hacer hincapié en las políticas de salud sexual y reproductivas. El proyecto de ley ya previó esa situación y en su artículo 19 fija que el Estado Nacional, la provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de "establecer políticas activas para la prevención de embarazos no deseados, y la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población”.

Esto incluye la capacitación en perspectiva de género. También, se destaca el necesario cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que establece el dictado de educación sexual en todos los establecimientos educativos.

Sin embargo, a doce años de la sanción de esa ley, en pocos lugares se cumple y fue altamente resistida por los mismos sectores que ahora la utilizan como argumento en contra de la legalización del aborto.

Para sumar a este panorama, el Programa Nacional de Salud Sexual Integral (ESI), que dependen del Ministerio de Educación, tiene menos recursos que el año pasado: pasó de un presupuesto de 32 millones en 2017 a 21,8 millones de pesos para 2018.