Hace unos días, el ministro del Interior Rogelio Frigerio explicó que los subsidios a los servicios públicos eran una forma de “mentirle a la gente” y que "durante muchos años, el gobierno kirchnerista, haciendo gala del peor populismo, le quiso hacer creer, sobre todo a los porteños y a los del área metropolitana del gran Buenos Aires, que las tarifas eran gratis". Concluyó, con la contundencia de verdad revelada con la que se lanzan las letanías reaccionarias, que “las tarifas y los servicios básicos tienen un costo y ese costo por supuesto que hay que pagarlo". Por su lado, la gobernadora María Eugenia Vidal justificó la suba de las tarifas ya que "la gente no pagaba lo que consumía". Por último, desde Vaca Muerta, el presidente Mauricio Macri concluyó que “es mentira que los subsidios al gas y a la electricidad no los paga nadie: los pagamos todos con más inflación y deuda.”

En realidad, los subsidios no se pagaban con deuda sino con ingresos fiscales (impuestos y retenciones). Al tomar la decisión de reducir esos subsidios y endeudarnos, Cambiemos no logró disminuir ni la inflación ni el déficit que supuestamente generaban. Un error de diagnóstico que no modificó ninguna de sus certezas.

Es por eso que “la gente”- para retomar el término aséptico preferido de Cambiemos para referirse a la ciudadanía- siempre pagó lo que consumía: lo hacía a través del pago de la boleta y también vía impuestos. El debate nunca fue pagar o no pagar los servicios públicos sino como se reparte el costo entre el usuario y el contribuyente. Explicar que los servicios no son gratis no sólo es una perogrullada, sino también una forma de eludir el debate político sobre la distribución de los recursos. Quien envía a sus hijos a una escuela pública, va a la guardia de un hospital o disfruta de una plaza, no considera que esos servicios carezcan de costo por más que no pague para usarlos ya que sabe que los mantiene a través de sus impuestos. Esta constatación elemental no suele ser señalada en el debate sobre los servicios públicos ya que, como dijo el ministro del Interior y suelen repetir algunos periodistas serios, subsidiarlos significa “mentirle a la gente”. 

Si esa letanía fuera cierta, entonces hace más de 70 años que Europa, un ejemplo a seguir para el actual gobierno, le miente descaradamente a sus ciudadanos. Europa no sólo subsidia sus energías convencionales, también subsidia su producción agrícola, su industria, su sistema de salud, sus escuelas primarias y secundarias, sus universidades, su producción audiovisual e incluso su ópera o sus clubes deportivos. Al comprar un boleto de tren, el pasajero europeo no paga el costo real del mantenimiento de la red ferroviaria ni los cuantiosas inversiones que requiere. Sin los subsidios de todo tipo y las generosas protecciones que el Estado le otorga, la producción agrícola europea habría sucumbido a sus competidores extracomunitarios y su cine hace tiempo que ya no existiría. 

Por otro lado, los ciudadanos de EEUU, Rusia, Corea del Sur, Australia, Japón o Qatar no pagan el precio “real” de los combustibles fósiles, ellos también son engañados por sus Estados con subsidios de miles de millones de USD.

Todos los gobiernos “mienten”, es decir, favorecen ciertas actividades y servicios por sobre otros. De hecho, Cambiemos también lo hace al eliminar retenciones a la minería y a la exportación de soja o al favorecer la actividad financiera, por ejemplo, a la par que penaliza otras actividades al eliminar subsidios existentes o al abrir la importación. 

No hay nada de natural ni de moral en esas decisiones, es sólo política económica.