La colisión del Grupo Indalo, la nave insignia empresaria que supo pertenecer a Cristóbal López, tiene efectos dramáticos. Oil, la petrolera del holding y el foco del incendio que llevó a la cárcel al patagónico, está al borde de la quiebra: la refinería de San Lorenzo (Santa Fe) se quedó sin stock de combustible, peligran cientos de puestos de trabajo y puso en alerta la seguridad ambiental de la zona por el parate de una planta que contiene materiales de riesgo. Por eso, el bloque del Frente para la Victoria (FPV) presentó un pedido de informes al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó para intentar destrabar la situación.

Oil, $8.000 millones y la cárcel de Ezeiza: el último intento del kirchnerismo para rescatar a Cristóbal

"Los/as diputados/as manifiestan su profunda preocupación por la situación que atraviesa desde hace días la refinería y le solicitan al Ejecutivo Nacional, a través de la AFIP y el Ministerio de Energía de la Nación, información sobre las medidas que se han llevado a cabo y cuáles se encuentran en evaluación para dar continuidad a la producción en la empresa petrolera Oil, así como aquellas destinadas a preservar las fuentes de trabajo”, sostiene el comunicado que emitió el bloque.

Desde que el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon reveló que Oil adeudaba $8.000 millones del impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), que comenzó el principio del fín para Cristóbal López: terminó preso. No obstante, su holding continuó a la deriva hasta que apareció la misteriosa y opaca figura del financista Ignacio Rosner y, detrás, OP Investments, nave insignia del negocio. La supuesta venta se encuentra trabada por decisión del juez federal Julián Ercolini, quien trabó la operación porque se negó a levantar la inhibición de bienes. Al patagónico lo acusan -junto a Fabián de Sousa, también detenido- de supuesto fraude contra la administración pública.

En la carta, el bloque kirchnerista (al cual se sumaron de otros bloques santafesinos) le solicita al Gobierno y a la AFIP que tomen cartas en el asunto para proteger las fuentes laborales. "En este marco es que entendemos imprescindible conocer cuáles han sido y son las acciones que desde el Poder Ejecutivo Nacional se han llevado a cabo para garantizar la continuidad de la producción de la firma, preservar las relaciones de trabajo y apalancar el plan estratégico que las nuevas autoridades de la empresa se ha trazado de aquí en adelante”.

Además, dicen que las autoridades de Oil combustibles han manifestado su preocupación por el bloqueo que hiciera recientemente la AFIP de un acuerdo con la firma Lukoil de Rusia, a través del proveedor local Victorio Podestá & Cía. La paradoja más grande es que, pese a la intransigencia política del Gobierno en aprobar el salvataje sobre el holding, la deuda que desencadenó la deuda de los $8.000 millones se haya contraido en el gobierno kirchnerista. 

Se trata de esta manera de la última jugada que diseñó el bloque kirchnerista para salvar a uno de sus principales alíados del empresariado en los últimos años. La Justicia deberá resolver por estas horas el futuro de Cristóbal pero, mientras tanto, el bloque del FpV-PJ pretende resguardar a la empresa y sus puestos de trabajo.