21/07/2019
Viernes 02 de Marzo de 2018 Está pasando

El timing de Comodoro Py: en días críticos para el Gobierno saca Ercolini la mejor carta contra CFK

Cristina Fernández de Kirchner va oficialmente camino a su segundo juicio oral. Hoy, el juez Julián Ercolini decidió enviar a debate una de la causas emblema impulsadas por el macrismo: el direccionamiento de obra pública en favor de Lázaro Baéz.

En unas semanas donde la ex presidenta se corrió de la escena pública y bajó el perfil, su situación judicial parece no darle descanso. También, está pendiente el envío a juicio de la causa que se abrió por la denuncia de Alberto Nisman y el Memorándum con Irán. Ese mismo expediente es que el espera una definición por parte del Senado por el desafuero pedido por el juez Claudio Bonadio.

Según Ercolini, Cristina, Julio de Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez y Nelson Periotti (ex administrador de la Dirección Nacional de Vialidad) habrían formado parte de una asociación que, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, se apoderó legítimamente de la plata asignada a la obra pública vial en Santa Cruz.

Ercolini puso a Cristina contra las cuerdas después de días de paz para la expresidenta

También se la acusa a la ex presidenta y a otros ex funcionarios de haber perjudicado “los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado Nacional”. Hace unas semanas, la ahora senadora había pedido que la causa vaya a juicio para lograr un “esclarecimiento definitivo y público de los hechos”.

Cristina deberá enfrentar un juicio junto a De Vido y López por los delitos de “asociación ilícita, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”. Lázaro irá por las mismas acusaciones pero con la salvedad de que se lo consideró un partícipe necesario de la defraudación del Estado y no autor directo.

La resolución de Ercolini repasa los requerimientos de elevación a juicio que enviaron dos oficinas claves que son querellas en la causa y que participarán en el debate: la UIF y la Oficina Anticorrupción de la macrista Laura Alonso.

La causa tuvo impulso luego de un informe que presentó el administrador de la Dirección Nacional de Vialidad Javier Iguacel, quién además reclama civilmente que se le devuelvan al Estado 22.500 millones de pesos.

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