23/08/2019
Viernes 20 de Octubre de 2017 Política

Busca el Gobierno un triunfo amplio: la primera decisión, remover a Gils Carbó

Un fallo le da la libertad al Presidente para definir el futuro de la Procuradora de la Nación

Era uno de los fallos más esperados en el Gobierno. En una semana más que complicada por el caso Maldonado, un juez le dio la posibilidad a Mauricio Macri de definir qué mecanismo prefiere para sacar de su cargo a la Procuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó. Incluso por un decreto. “La veda no existe para la justicia”, era el comentario hoy en los pasillos de algunas fiscalías de la Ciudad.

¿Qué dice el fallo?

El juez Pablo Cayssials declara la inconstitucionalidad del juicio político para remover a la procuradora general. Argumenta que la reforma constitucional de 1994 no incorporó al Procurador General a la lista de funcionarios que deben ser removidos a través del juicio político, a pesar de haber establecido al Ministerio Público Fiscal como un “cuarto poder”, independiente del resto. Y asegura que incluir el requisito de juicio político viola “el principio de igualdad”.

Lo más polémico de la resolución es la cita al fallo Molinas. Ricardo Molinas fue fiscal de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas entre 1984 y 1991, la encargada de investigar delitos de corrupción. Fue echado por decreto por Carlos Menem, decisión que fue avalada años después por la Corte Suprema menemista (la de la mayoría automática). 

¿Nueva ley o por decreto?

Esta resolución deja un vacío legal en cuanto a la forma en la que se puede sacar a Gils Carbó, deseo que Macri tiene desde el 10 de diciembre de 2015. Al no fijar el juez la forma en la que debe ser removido un procurador, deja abierta la puerta a que lo haga por decreto. 

El Gobierno desde el año pasado insiste con que no es necesario el juicio político para desplazarla, básicamente porque nunca tuvo los números en el Congreso para impulsarlo. En sintonía con este fallo de Cayssials, el diputado Pablo Tonelli ya había deslizado este año la posibilidad de sacar a la procuradora por decreto. 

La otra opción del oficialismo es reflotar el proyecto que reforma la ley del ministerio público, iniciativa que hundió el año pasado Elisa Carrió. Ahí fijaba un término de cinco años en el cargo, lo que el oficialismo pretendía aplicar retroactivamente al caso Gils Carbó.

¿Cómo empezó la historia?

En abril, la asociación Será Justicia y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (ambos cercanos al oficialismo) presentaron una demanda contra el Estado donde pedían que se declare la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley orgánica del ministerio público fiscal. Ese artículo es el que prevé que la procuradora sólo pueda ser removida mediante juicio político, como los jueces de la Corte Suprema.

El Estado, a través de los abogados del Ministerio de Justicia, se mostró de acuerdo con lo planteado por los demandantes. O sea que si Gils Carbó no se hubiera presentado en la causa, automáticamente el juez hubiera fallado a favor de Será Justicia y el Colegio porque el Estado aceptó que tenían razón en su planteo.

Compartir en
["\/","seccion","nota","encuesta","opinion","autor","tag","buscar"]